Proceped fue contratista de YPF hasta abril de 2018, cuando perdió el contrato. Desde entonces, la empresa conserva las instalaciones de su base en Cañadón Seco, hoy alquiladas a la compañía Winoy, y un terreno lindero donde había construido dos galpones y una ampliación iniciada en 2006.

Según explicó Marcelo, socio de la firma, el predio de alrededor de una manzana y media fue cedido en su momento por la comuna en calidad de uso administrativo, pero nunca dejó de pertenecer al Consejo Agrario Provincial, que es el organismo responsable de los terrenos en las comisiones de fomento.

Salguero afirmó que desde hace años sufre intentos reiterados de ocupación y hostigamiento por parte de la comuna, que habría enviado personal para ingresar sin autorización al predio y reclamar la devolución del terreno.

“La comuna siempre quiso el predio. Hubo un contrato en su momento, pero después hicieron uso y abuso del poder. Se quedaron con terrenos que no les correspondían. Con este no pudieron porque siempre vine y le puse el pecho”, expresó.

El empresario aseguró haber intentado dialogar con el fallecido presidente comunal Jorge Soloaga, sin éxito, y señaló directamente a Belén Roa, actual secretaria de Comercio de la comuna, por ejercer presiones y decidir “quién puede o no trabajar en Cañadón”.

El conflicto también afecta a Alberto Castelli, cuñado de Marcelo, quien proyectó la instalación de un lavadero de flotapesada en el mismo predio.

“Mi cuñado invirtió todo, tiene casi listo el lavadero, pero la comuna le niega la habilitación. Incluso mintieron a la policía diciendo que estaba usurpando el terreno”, denunció.

Según el testimonio, Castelli fue presionado hace cinco meses para cerrar el lugar y enfrentó una causa judicial impulsada por la comuna. A pesar de tener el apoyo de empresas interesadas en contratar el servicio, no puede trabajar por la falta de habilitación.

Marcelo sostiene que el Consejo Agrario Provincial derogó recientemente una resolución que otorgaba a la comuna facultades sobre esos terrenos, lo que confirmaría que la jurisdicción sigue siendo provincial. “Actualmente el terreno depende de la provincia. El funcionario a cargo en zona norte es Patricio García. Ellos son los verdaderos administradores”, explicó.

Asimismo, denunció que una persona vinculada a la comuna habría intentado instalar un lavadero similar en el mismo terreno en disputa. “No es un conflicto político, es una cuestión de justicia”

Marcelo remarcó que su reclamo no tiene tintes partidarios y que solo busca defender el trabajo familiar y el patrimonio construido durante décadas, “mi papá perdió la salud por esta empresa. Yo le prometí cuidar su esfuerzo y no voy a permitir que la comuna se quede con lo que no le corresponde.”

Finalmente, hizo un llamado público para que las autoridades provinciales intervengan, “en Cañadón, si no sos amigo de la comuna, no podés trabajar. Esto hay que terminarlo. Hay gente que quiere emprender y generar empleo, pero los extorsionan.

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