En diálogo con el programa El Oso, de El Caletense Radio, Daniel Cárcamo, propietario de Huarpe Seguridad, se refirió al conflicto generado tras la adjudicación de la licitación para tareas de vigilancia en Minera Santa Cruz, luego de que el gremio UPSAP denunciara que la operadora reemplazaría a una firma local por una proveniente de San Juan lo que implicaría además una reducción salarial para los trabajadores.

Cárcamo aclaró que “Huarpe SRL posee una habilitación legal mediante el decreto 485/2000 que rige la actividad dentro de la provincia de Santa Cruz” y explicó que la empresa cumple con todos los requisitos exigidos para operar como proveedora de una minera, entre ellos estar inscripta en el Registro Público de Comercio, no poseer antecedentes penales y tributar en la provincia.

“El decreto en la provincia de Santa Cruz es muy taxativo en cuanto a los antecedentes que debemos tener nosotros como empresarios. Las empresas que nos radicamos en la provincia tenemos obligaciones muy firmes con respecto a nuestra legalidad”, afirmó.

Respecto a las condiciones laborales subrayó que en la provincia existe un convenio colectivo de trabajo que todas las empresas que se radican deben cumplir. “Es algo totalmente infundado que una empresa venga y no respete el convenio colectivo de trabajo”, afirmó dejando de lado la hipótesis sobre una posible reducción laboral.

Por otra parte, señaló que la licitación contempla la contratación de 37 personas, “nuestra intención es que sen los mismos que están actualmente trabajando” dijo, sin embargo, advirtió que existen demoras por parte de la empresa saliente: “No nos liberan la gente. La empresa que se está yendo ya debería haber notificado que su contrato finaliza, es la responsabilidad que nos compete a los empresarios, decir se terminó el contrato, usted tiene su indemnización, para eso la cobré y aquí tiene la continuidad laboral en esta empresa”, expresó.

Finalmente, adelantó que solicitaron la intervención del Ministerio de Trabajo y este miércoles podrían reunirse en Caleta Olivia con la firma saliente. “Ya no tenemos que discutir si la empresa que viene es legal o no, porque está más que claro que está legalmente constituida en la provincia, ahora hay que defender los derechos de los trabajadores y cada uno se tiene que hacer responsable de lo que le corresponda”, precisó.

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