El concejal de Río Gallegos y exdiputado provincial, Martín Chávez, calificó como “una gravedad institucional grotesca” la suspensión del vocal del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz, Fernando Basanta, aprobada en la Legislatura provincial. En diálogo con Aquí y Ahora por El Caletense Radio, advirtió que la medida “viola fallos judiciales firmes” y constituye “un nuevo avance del Poder Ejecutivo sobre el Poder Judicial”.

Chávez, quien fue miembro informante durante la designación de Basanta como vocal, recordó que “ya existen tres fallos de la justicia provincial dictados por los jueces Capa, Marinkovic y la Cámara Civil que determinaron que no había delito alguno en su nombramiento” y que esas resoluciones “no fueron apeladas, por lo tanto tienen fuerza de cosa juzgada”. Según explicó, la causal utilizada para su suspensión “no se configura jurídicamente” porque “la justicia ya se expidió”.

El concejal sostuvo que la interpretación constitucional sobre los seis años de ejercicio requeridos para integrar el TSJ fue abordada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación y por tribunales de otras provincias, como Chubut, Mendoza y Santa Fe. En esos casos, indicó, “se estableció que el ejercicio profesional no se limita al litigio liberal, sino que también abarca la labor académica, de investigación o de asesoramiento en la administración pública”.

En ese sentido, Chávez remarcó que Basanta reúne las condiciones exigidas por la Constitución provincial y que su paso como ministro de Gobierno de la gestión de Alicia Kirchner constituye “ejercicio profesional válido”. “Los diputados actúan a sabiendas de que están yendo en contra del derecho, de la jurisprudencia y de lo que dictamina la Corte Suprema”, señaló.

El exlegislador advirtió que el conflicto derivó en una situación inédita: “Hoy Santa Cruz tiene dos presidentes y nueve miembros en el Tribunal Superior, uno de ellos suspendido. Nunca en la historia del país hubo una situación así. Esto va a generar un caos jurídico, porque no se sabrá cuál es la autoridad válida para emitir sentencias definitivas”, planteó.

Chávez consideró que detrás del juicio político a Basanta “hay un plan de avasallamiento institucional” y “una búsqueda de impunidad”. Enumeró causas judiciales que involucran a funcionarios y legisladores oficialistas, y señaló que “el objetivo parece ser controlar la justicia para garantizar protección y persecución selectiva”.

Finalmente, el concejal apeló a la “reflexión y el sentido común” de los diputados que integran la Sala Juzgadora, especialmente en el marco del Día de la Lealtad Peronista. “Debemos actuar conforme a derecho, no a intereses partidarios. La provincia necesita calma, consensos y un gobierno que se enfoque en el desarrollo productivo, en generar empleo y en defender los recursos santacruceños, no en romper la división de poderes”, concluyó Chávez.

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