Según detalló la organización sindical en un documento, el análisis del borrador muestra que la propuesta desarticula los avances logrados bajo la Ley 26.058, que durante casi dos décadas permitió consolidar en Santa Cruz un sistema técnico federal, con financiamiento específico para talleres, equipamiento y proyectos educativos clave.

AMET advierte que el anteproyecto propone subordinar la ETP a los lineamientos de la nueva ley, lo que significaría un “vaciamiento” de la arquitectura organizativa que sostuvo la calidad educativa en todo el país. Entre los espacios que podrían quedar sin efecto mencionan el Catálogo Nacional de Títulos, la Comisión Federal de ETP, el Registro Federal de Instituciones y el Consejo Nacional de Educación, Trabajo y Producción (CoNETyP).

La eliminación de estos organismos, remarcan, impactaría directamente en Santa Cruz, que históricamente articuló desde allí políticas con sectores productivos como la minería, el petróleo, la pesca y la metalmecánica.
Uno de los puntos más graves para la provincia sería la posible desaparición del Fondo Nacional para la Educación Técnico Profesional (FONETP). El gremio señala que Santa Cruz depende de este financiamiento para sostener:

Equipamiento tecnológico de talleres en escuelas técnicas e instituciones de formación profesional.

Renovación de maquinarias y herramientas.

Adecuaciones edilicias en localidades donde los recursos propios son limitados.

Proyectos de innovación, robótica, energías renovables y minería.

Según el documento, sin el FONETP desaparecería más del 70% de las inversiones en talleres recibidas en los últimos 15 años, lo que podría llevar al sistema técnico santacruceño a una “paralización formativa”.

El sindicato recuerda que Santa Cruz es una provincia con baja densidad poblacional y gran dispersión geográfica, por lo que la pérdida de financiamiento nacional agravaría desigualdades entre ciudades grandes y localidades pequeñas, frenaría la actualización tecnológica y afectaría trayectorias formativas vinculadas a sectores productivos regionales.

Además, advierten que el esquema de financiamiento igual por alumno entre instituciones públicas y privadas derivaría en un desplazamiento de recursos estatales hacia el sector privado, debilitando aún más a las escuelas técnicas públicas.

Otro punto señalado como crítico es la desregulación de la validez nacional de títulos, que permitiría a actores privados certificar sin control federal. Para Santa Cruz, que depende de esta validación para garantizar la movilidad laboral de sus técnicos, esto implicaría:

Desventaja para los egresados locales.

Fragmentación del reconocimiento profesional.

Afectación a estudiantes de zonas rurales y alejadas.


El documento también alerta sobre la posible eliminación de mecanismos de estabilidad laboral y la habilitación de contrataciones basadas en el “ideario institucional”, lo que abriría la puerta a la precarización del trabajo docente técnico, un rol considerado central en el desarrollo comunitario y productivo provincial.

En su conclusión, AMET Santa Cruz sostiene que el anteproyecto representa “un retroceso histórico que vulnera derechos y profundiza desigualdades”, e invita a la comunidad educativa, sectores productivos y familias a defender la institucionalidad de la educación técnica y rechazar las disposiciones regresivas.

“La Educación Técnico Profesional es un pilar del desarrollo de Santa Cruz. Su defensa es una responsabilidad histórica, sindical y política”, concluye el documento.