José Luis Silverberg, propietario del sanatorio, explicó que la decisión fue “una consecuencia inevitable” ante la crítica situación económica que atraviesa la institución. “Lo que exigimos hoy es un trato igualitario y justo. Tenemos cinco meses de atraso en los pagos, y en estas condiciones es imposible continuar brindando servicios”, afirmó.

Silverberg manifestó que la clínica recibe “un trato discriminatorio” respecto de otros prestadores de la provincia, especialmente en Río Gallegos, “nosotros cobramos menos y más tarde que cualquier otro prestador. La zona norte siempre está castigada. Mientras allá pagan en tiempo y forma, aquí se generan deudas que ya son impagables”, señaló.

El empresario también recordó que este tipo de desigualdades no son nuevas, “en los años 80 y 90 estuvimos siete años fuera de la obra social por no aceptar exigencias poco claras. La falta de transparencia es histórica”.

Aunque Silverberg evitó precisar montos exactos, aseguró que se trata de “miles de millones de pesos” acumulados en prestaciones ya realizadas: consultas, internaciones, cirugías y estudios. “La salud es muy costosa, y con cinco meses de facturación sin cobrar es imposible sostener la atención. Invertimos constantemente en equipamiento, terapia intensiva, diagnóstico por imágenes. Todo con el único fin de mejorar la calidad de vida de nuestra comunidad”, agregó.

A la deuda se suman gastos extraordinarios, como los 8 millones de pesos mensuales que la clínica debe pagar en agua debido a la falta de red en el sector. “No sé si existe otro sanatorio en Argentina que pague esa cifra. Sin infraestructura y sin apoyo, atrasarse cinco meses es directamente una actitud extorsiva”, remarcó.

El propietario se refirió a la falta de contacto con las autoridades, “en dos años conocí al presidente de la Caja hace apenas dos meses. Se comprometió a cosas que no cumplió. Desde que notificamos el corte el viernes, no recibimos ni una llamada. Silencio absoluto”, expresó.

Según Silverberg, la situación no pasa por la sede local de la CSS, “esto es una decisión política del presidente de la Caja y del propio gobernador”.

Silverberg lamentó profundamente la situación que afecta directamente a los trabajadores provinciales y municipales.“Nos duele decirle a un vecino que no podemos atenderlo. No queremos estar en esta posición, pero no podemos seguir financiando al Estado”, sostuvo.

Por último, envió un mensaje directo a las autoridades provinciales, “lo único que pedimos es que nos paguen lo que ya hicimos. Todo lo que invertimos está acá, al servicio de la gente. Necesitamos respuestas y un trato digno para la zona norte”.

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