La eliminación de esa norma, que ya ha sido modificada cinco veces desde su sanción original, afecta derechos adquiridos y la identidad profesional de los periodistas, e implica un grave retroceso que pone en riesgo la calidad y la independencia del periodismo argentino. Por ello, consideramos que la defensa del Estatuto es un asunto de incumbencia directa de FOPEA, ya que se vincula con los preceptos que defendemos desde nuestro origen.

El Estatuto, más allá de ser susceptible de su potencial y necesaria actualización ya que contiene capítulos que no se aplican, artículos que quedaron vetustos y no contempla las nuevas tecnologías y formas de trabajo, constituye un pilar que garantiza la estabilidad laboral de los periodistas, otorga derechos uniformes en toda la Argentina para el ejercicio de su labor (siempre al servicio de la democracia y de la sociedad), opone resistencia a la precarización laboral y valoriza la tarea profesional, dándole a quienes la ejercen precisiones sobre sus derechos y deberes como empleados.

Nos preocupa especialmente que la derogación implicaría la pérdida de herramientas que aseguran la protección del periodista e incluso la confidencialidad de sus fuentes (bases conceptuales de la indemnización agravada en caso de despido), elementos esenciales para el ejercicio libre e independiente de la profesión y para la investigación de temas de interés público. De esta forma, la degradación de las condiciones de trabajo se convierte en un obstáculo para la libertad de expresión y vulnera el derecho de la ciudadanía a estar debidamente informada.

?Esta iniciativa oficial resulta contradictoria con el discurso público del Gobierno, que a través de sus voceros enarbola la defensa de la libertad de expresión y el rol esencial de la prensa. Sobre esos planteos, no puede -al mismo tiempo- desmantelar el andamiaje legal que contribuye a sostener y a dignificar a quienes lo ejercen.

La supresión del Estatuto tendría efectos inmediatos lesivos, con impredecibles proyecciones a futuro. Implicaría que haya periodistas con distintos regímenes laborales según la provincia y la existencia o no de convenios colectivos locales, lo que haría perder una base común nacional y derivaría en profesionales de primera y de segunda según sus condiciones legales y en una fragmentación total, algo que desde FOPEA repudiamos. Su caída haría desaparecer las incumbencias profesionales y la propia definición deontológica de qué significa ser un periodista argentino.

Hacemos un llamado a autoridades y legisladores para que desistan de la derogación y, en su lugar, impulsen un diálogo constructivo que permita debatir las condiciones laborales e incluir aspectos no contemplados en la legislación a partir de la realidad que nos atraviesa, pero sobre la base de lo pautado por el Estatuto y sin menoscabar de ningún modo los derechos y garantías de quienes ejercen el periodismo, un pilar esencial para la democracia.