Al constatarse que el remito incluía materiales propios de yacimiento, se dio inmediata intervención al Juzgado interviniente, que dispuso la retención preventiva del vehículo. Tras la verificación de la carga, la Justicia ordenó el secuestro del camión y de la totalidad del material transportado, además de fijar domicilio al conductor y al propietario de la carga.

Durante el procedimiento se identificaron distintos cortes de cobre de yacimiento, baterías pertenecientes a equipos petroleros y rollos de aluminio, material sobre el cual también se han registrado robos recientes en yacimientos de la provincia.

De manera paralela, se dio intervención al área de Transporte Provincial, ya que el rodado no contaba con habilitación vigente para circular en Santa Cruz y presentaba documentación vencida, motivo por el cual se labraron las actas correspondientes.

Asimismo, intervino el área de Medio Ambiente, dado que el camión transportaba siete pares de baterías industriales, consideradas carga peligrosa, sin contar con el vehículo habilitado, los permisos especiales exigidos ni el certificado de disposición final, requisito obligatorio para este tipo de residuos.

Como resultado de todas las infracciones constatadas, el transportista y el propietario de la carga enfrentarán multas que podrían oscilar entre los 20 y 25 millones de pesos, además de las actuaciones judiciales en curso.

Cabe destacar que el propietario de la carga ya estuvo involucrado en una causa similar en el año 2021, cuando se procedió al secuestro de 5.000 kilos de cobre en la zona de Ramón Santos, hecho que derivó en detenciones ordenadas por la Justicia. En esta oportunidad, vuelve a ser encontrado con material de yacimiento, el cual es considerado producto de robo.

Finalmente, se resolvió dar intervención a la Fiscalía de Estado, con el objetivo de avanzar en acciones por el grave perjuicio económico que este tipo de delitos genera. Los robos de cobre y otros elementos provocan paradas de pozos, afectan la producción petrolera y reducen las regalías que recibe la provincia, impactando directamente en los recursos que vuelven a Santa Cruz.

Desde el Gobierno Provincial se ratificó la decisión firme de combatir el robo de recursos estratégicos y de avanzar en el decomiso total de los bienes vinculados al delito, garantizando que quienes dañan la producción y el trabajo de los santacruceños enfrenten todo el peso de la ley.