Un grupo de familias de estudiantes de educación técnica, con el respaldo de especialistas y referentes del sector, presentó una medida cautelar y un amparo judicial para frenar el recorte presupuestario que afecta directamente a la Ley Nacional de Educación Técnico Profesional N.º 26.058. La iniciativa cuenta con el acompañamiento de Rodrigo Gojan, exdirector provincial de Educación Técnico Profesional, quien explicó los alcances y el impacto de la medida.

Según detalló Gojan, la presentación judicial surge ante la inclusión del artículo 30 en la nueva Ley de Presupuesto, que modifica el financiamiento previsto en el artículo 52 de la ley específica de educación técnica, reduciendo recursos que tienen un impacto directo en escuelas, talleres, prácticas profesionalizantes y obras de infraestructura en todo el país. “La ley de Educación Técnica no puede ser recortada por una ley de presupuesto. Si se quiere modificar, debe hacerse por el camino legislativo correspondiente, no de manera indirecta”, sostuvo.

El amparo fue presentado en nombre de dos estudiantes menores de edad, con la firma de sus padres, como una acción inicial que podría ampliarse a gremios docentes, centros de estudiantes y otras familias. La estrategia legal fue elaborada por un equipo técnico integrado, entre otros, por Gerardo Marchesini (exdirector ejecutivo del INET), Pablo González y el periodista Marc Lecher, junto a otros especialistas en educación.

“El impacto de este recorte no es abstracto: se traduce en menos recursos para las escuelas, menos oportunidades para los estudiantes y un retroceso en derechos conquistados”, remarcó Gojan.

El exfuncionario recordó ejemplos concretos del impacto positivo que tuvo la ley en Santa Cruz. Entre ellos, la unificación edilicia del EICO N.º 1 de Caleta Olivia, que permitió dejar atrás la fragmentación de la institución en distintos edificios, y la construcción de talleres para el EICO N.º 10 en el barrio Rotary, obras financiadas con fondos de Educación Técnica.

También destacó programas de terminalidad educativa, pasantías, prácticas profesionalizantes, seguros para estudiantes, viajes educativos y la formación de docentes técnicos, todos sostenidos por el fondo específico que ahora se encuentra en riesgo. “Cada escuela técnica recibe en promedio entre dos y tres millones de pesos anuales para insumos y funcionamiento. Ese dinero dejaría de llegar”, advirtió.

La cautelar plantea la inconstitucionalidad del artículo 30 por vulnerar una ley nacional vigente que establece un piso mínimo de financiamiento equivalente al 0,2 % del PBI. En el caso de Santa Cruz, la provincia recibe una porción de ese fondo en función de la cantidad de estudiantes y escuelas técnicas.

“Este recorte genera un antecedente gravísimo. Hoy es la educación técnica, mañana puede ser cualquier otro derecho educativo”, afirmó Gojan.

Desde el espacio impulsor de la medida aseguraron tener expectativas positivas respecto al camino judicial y no descartan que se presenten acciones similares en otras provincias. El objetivo inmediato es que la Justicia ordene retrotraer el recorte durante el presente año.

“La educación técnica no es solo una propuesta educativa, es un proyecto de vida para miles de jóvenes, especialmente en provincias como Santa Cruz, donde el desarrollo productivo y el futuro dependen de técnicos formados”, concluyó Gojan.

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