Los incendios forestales vuelven a golpear con fuerza a la Patagonia y reavivan un escenario que se repite año tras año: miles de hectáreas arrasadas, familias damnificadas, comunidades enteras en riesgo y un profundo malestar social frente a la falta de respuestas estructurales del Estado.

En este contexto, Política Obrera difundió un comunicado crítico sobre la situación y, para profundizar el análisis, este medio mantuvo una comunicación telefónica con Elena Florín, militante de esa fuerza política en Bariloche, quien describió un panorama “de hartazgo y preocupación extrema”.

Florín cuestionó duramente al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, por responsabilizar públicamente a los pueblos originarios por los incendios. “Es una acusación canallesca. Los pueblos originarios tienen un respeto ancestral por la tierra. Mientras tanto, el gobierno no dice nada de la subejecución del presupuesto destinado a la prevención del fuego”, afirmó.

Según explicó, durante 2025 no se utilizaron fondos disponibles para prevenir incendios, una situación que se suma al ajuste nacional en el área de manejo del fuego. “El gobierno nacional ejecutó solo cerca del 70 % del presupuesto asignado. Ese 30 % que falta no fue a salarios, aviones hidrantes ni prevención”, denunció.

Entre los factores que, según Política Obrera, explican la magnitud de los incendios, Florín mencionó el cambio climático, la sequía extrema, los inviernos sin nieve ni lluvias en la cordillera y el avance de la industria forestal basada en pinares, a los que calificó como “altamente inflamables y depredadores del ecosistema nativo”.

“La resina del pino estalla cuando se prende fuego y propaga el incendio. Además, consume grandes cantidades de agua y desplaza la flora nativa”, detalló.

Otro eje central de la denuncia es la situación de los brigadistas. Florín reveló que los combatientes del fuego perciben salarios de entre 650 y 850 mil pesos mensuales, con jubilaciones “misérrimas”, pese a arriesgar su vida en jornadas extremas. Actualmente, dos brigadistas permanecen internados tras combatir incendios en el noroeste de Chubut.

La referente también alertó sobre los intereses económicos detrás de los incendios, vinculados a la compra de tierras y al acceso al agua y la minería. En ese sentido, recordó la vigencia de la Ley 27.604, que prohíbe cambiar el uso del suelo incendiado por 60 años, y advirtió sobre los intentos de derogarla para favorecer la especulación inmobiliaria.

“Hay una compra masiva de tierras por parte de capitales extranjeros. Ahora se liberaron aún más las restricciones y eso profundiza la entrega del territorio”, señaló.

Desde Política Obrera proponen asambleas vecinales en las zonas afectadas, aumento urgente del presupuesto para el manejo del fuego, expropiación de tierras depredadas por intereses privados y una política integral de protección ambiental.

“Esto no es una catástrofe natural: es barbarie. Y sin organización social y responsabilidad estatal, los incendios van a seguir ocurriendo”, concluyó Florín.

Mientras tanto, los focos activos en localidades como Epuyén, Cholila y El Hoyo, sumados a los incendios recurrentes en Bariloche, mantienen en alerta a toda la región y vuelven a poner en agenda una problemática que, cada verano, deja más preguntas que respuestas.

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