El Juzgado Federal de Ushuaia rechazó el pedido del gobierno provincial para avanzar con una medida cautelar urgente contra la intervención del Puerto de Ushuaia por parte de la administración de Javier Milei.

Desde el Tribunal se argumentó que “no se encuentran motivos que ameriten la habilitación de la feria judicial”, y además se requirió que la fiscalía se expida sobre la competencia del juzgado para resolver el conflicto entre la administración provincial y el Gobierno nacional.

Según informó la Agencia Noticias Argentinas, también se solicitó a la fiscalía que determine si el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella, está habilitado para presentarse en la causa, cuando esa función correspondería a la Fiscalía de Estado de la provincia.

En la misma resolución, el Tribunal pidió al secretario Legal y Técnico de Tierra del Fuego, Emiliano Fossatto, que gestione la matrícula federal correspondiente para poder intervenir en la causa ante la Justicia Federal.

El pasado 20 de enero, la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) emitió una resolución en la que disponía la intervención federal del Puerto de Ushuaia. Una semana después, un avión del Departamento de Defensa de los Estados Unidos aterrizó en la terminal puertaria.

La medida implica que el organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Economía asuma la conducción total del puerto en plena temporada alta de cruceros.

El Gobierno desplazó a las autoridades de la Dirección Provincial de Puertos de Tierra del Fuego y mantiene la operatividad con un grupo reducido de empleados, quienes responden a uno de los sindicatos del sector.

En este sentido, el sindicalista Juan Avellaneda, jefe de la Unión del Personal Superior Ferroviario (UPSF) de Tierra del Fuego, quedó designado como interventor de manera extraoficial, según precisaron desde Chequeado.

Avellaneada fue quien presentó la denuncia ante la ANPyN -que luego terminó en la intervención- y ahora ocupa el rol de nexo con el titular del organismo nacional, Iñaki Arreseygor.

En octubre del 2025, la ANPyN realizó una auditoría sobre las instalaciones de Tierra del Fuego y aseguró que detectó fallas estructurales, de seguridad, y denunció falta de inversión en obras; como así también presunto desvío de fondos hacia cajas provinciales.

Desde Nación apuntaron contra la Ley 1.596 que aprobó la Legislatura provincial en julio de 2025, que disponía que dinero del puerto sea derivado para morigerar el déficit de la Obra Social del Estado (Osef).

Aún así, el presidente de la Dirección Provincial de Puertos, Roberto Murcia, aseguró que la misma nunca se aplicó por el rechazo que generó.

De forma paralela, el puerto sí destinó unos $4200 millones a la provincia para proyectos sanitarios (terminar un hospital y equiparlo), cuyo dinero en realidad -según la disposición- tendrá que ser devuelto por parte del Estado provincial en cuotas, con intereses y con garantía bancaria.

Desde la ANPyN denunciaron que el convenio obliga a que las rentas generales sean aplicados «exclusivamente a cubrir gastos de administración, operación, capacitación e inversiones vinculadas a la actividad portuaria”.

Mientras tanto, desde la gestión de Gustavo Melella niegan las acusaciones de Nación en falencias de seguridad y falta de obras, como así también el desvío de fondos.

En este sentido, Murcia declaró que una prueba de la operatividad del puerto fue que la intervención se llevó a cabo en plena temporada alta, cuando ya se habían atendido a la mitad de las más de 540 recaldas de embarcaciones que se esperan hasta abril.