La directora de Protección Portuaria de Tierra del Fuego, María Rosa Lezcano, manifestó su preocupación por el esquema de seguridad vigente en el Puerto de Ushuaia tras la intervención dispuesta por el Poder Ejecutivo Nacional, a través de la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN). Según indicó, la medida implicó el desplazamiento de autoridades provinciales y modificaciones en el sistema de control portuario, en un contexto regido por normas internacionales de protección implementadas luego de los atentados del 11 de septiembre de 2001.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la intervención de la ANPYN constituye una injerencia directa en la administración del puerto, infraestructura estratégica por su ubicación geográfica y su proyección oceánica y antártica. En ese marco, la Dirección Provincial de Puertos (DPP), a cargo de Roberto Murcia, anticipó que realizará una nueva presentación judicial para advertir sobre posibles impactos en materia de seguridad y control operativo derivados de la medida.

El medio El Destape dialogó con María Rosa Lezcano; con Jorge Alberto Ramírez, oficial de Protección de las Instalaciones Portuarias (OPIP) contratado por la Dirección Provincial; y con Néstor Lagraña, ex director de Puertos y también OPIP. Los tres funcionarios fueron desplazados de sus funciones tras la intervención y señalaron que se produjo una reconfiguración del sistema de seguridad, con una mayor participación de empresas privadas.

Lezcano explicó que, previo a la intervención, el área de seguridad portuaria contaba con 27 trabajadores con experiencia en la aplicación del Plan de Protección Portuaria. Según indicó, durante auditorías realizadas por la ANPYN, los funcionarios nacionales manifestaron que varias de esas tareas debían ser asumidas por prestadores privados, lo que derivó en la contratación de una empresa de seguridad.

En octubre del año pasado, la provincia de Tierra del Fuego contrató a la empresa Bushido por un monto de 407 millones de pesos, a través de un proceso licitatorio. De acuerdo con las autoridades provinciales, esta contratación se produjo luego de requerimientos efectuados por la ANPYN. Tras la intervención, los trabajadores provinciales del área de seguridad dejaron de prestar funciones, mientras que el personal de la empresa privada quedó habilitado por las autoridades nacionales.

Lezcano afirmó que, a partir de estos cambios, la Dirección Provincial de Puertos dejó de recibir información sobre las medidas de seguridad que se implementan actualmente en el puerto. Asimismo, señaló que la Prefectura Naval Argentina habilitó al personal de la empresa privada como oficiales de protección de las instalaciones portuarias.

Desde la Dirección Provincial de Puertos indicaron que uno de los puntos de mayor preocupación es la situación del Plan de Protección Portuaria, documento exigido por normas internacionales para la certificación de los puertos. En ese sentido, Jorge Alberto Ramírez explicó que, antes de la intervención, el puerto había superado auditorías y contaba con certificaciones vigentes por cinco años, avaladas por la Prefectura Naval y notificadas a la Organización Marítima Internacional.

Néstor Lagraña detalló que los oficiales OPIP son responsables del monitoreo de buques, la seguridad de los pasajeros y la prevención de incidentes ambientales, como derrames de hidrocarburos. Según indicó, antes de la intervención, el área de seguridad estaba integrada por unas 30 personas, cuatro de ellas con funciones específicas como oficiales OPIP.

En paralelo, las autoridades provinciales señalaron que, tras la intervención, se redujo la cantidad de trabajadores habilitados para operar dentro del puerto y que se autorizó la continuidad de personal vinculado a un único gremio. También indicaron que algunas tareas operativas, como el movimiento de contenedores, comenzaron a ser realizadas por empresas privadas, entre ellas Masciotra y Estibajes y Logística Austral SRL.

Lezcano mencionó además a la empresa Logística Lechman, vinculada a empresarios locales, como otra de las firmas que estaría operando dentro del puerto. En ese marco, recordó que en diciembre de 2024 se había presentado un proyecto legislativo para la creación de un Consejo Asesor Portuario, en el que se analizaba la posibilidad de avanzar en esquemas de gestión privada.

Por último, desde el ámbito político, el ex secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, cuestionó la intervención del puerto por considerar que afecta la autonomía provincial y anticipa un cambio en el modelo de gestión de la infraestructura portuaria fueguina. Estas declaraciones se suman a las presentaciones judiciales anunciadas por el Gobierno provincial, que buscan revertir o revisar la intervención dispuesta por el Ejecutivo nacional.

Fuente: El Destape.