La Cámara de Diputados de Santa Cruz sancionó la Ley de Emergencia Comercial, Industrial y PyME hasta el 31 de diciembre de 2026, una herramienta largamente reclamada por las cámaras empresariales desde 2024. El presidente de la Cámara de Comercio de Río Gallegos, Leandro Fadul, aseguró que la norma “es un resultado positivo de gestión”, aunque advirtió que “no es la solución de fondo” frente a una crisis que ya provoca el cierre de un comercio por día en la capital provincial.

La ley declara la emergencia para PyMEs y establece una batería de medidas para aliviar la asfixia financiera del sector. Entre los puntos centrales, dispone la suspensión de ejecuciones fiscales en trámite o a iniciarse durante su vigencia. Las causas podrán continuar hasta sentencia, pero sin embargos ni medidas de ejecución. Además, instruye a ASIP, SPSE y Distrigas a implementar planes especiales de regularización de deudas de hasta 60 cuotas, con una tasa de financiación de hasta el 25% anual y quita de hasta el 100% de multas e intereses, incluyendo deudas de planes anteriores.

La norma también ordena al Poder Ejecutivo gestionar líneas de crédito con tasas diferenciadas y exenciones o prórrogas impositivas ante organismos provinciales y nacionales, y autoriza al Ministerio de Economía a compensar o renegociar deudas que el propio Estado mantenga con empresas alcanzadas por la emergencia. A su vez, crea una Comisión de Seguimiento integrada por representantes del Ejecutivo, bloques legislativos, entidades empresarias y el Sindicato de Empleados de Comercio, que se reunirá mensualmente.

“Es ponerle nombre al diagnóstico que venimos haciendo: estamos en una situación crítica. La emergencia es una herramienta para paliar y mitigar efectos, y para sentarnos con otros organismos a buscar soluciones concretas”, explicó Fadul en diálogo con el programa radial Verano Caletense.

El dirigente señaló que uno de los principales reclamos apunta al accionar del organismo recaudador nacional ARCA, al que calificó de “confiscatorio” por iniciar juicios de ejecución fiscal y embargos apenas 15 días después del vencimiento de una declaración jurada. “Con los niveles de rentabilidad actuales, que son mínimos, es imposible amortizar deudas acumuladas y cumplir al mismo tiempo con los costos impositivos corrientes sin algún esquema de refinanciación”, sostuvo.

“La crisis no es solo provincial”: Fadul advirtió sobre un quiebre generalizado de la cadena de pagos entre privados y con el Estado, y mencionó el récord de cheques rechazados a nivel nacional. “Si no hay herramientas que permitan transitar hacia la nueva realidad económica, van a quedar muchos en el camino”, afirmó.

Pese al escenario adverso, Fadul valoró el consenso político alcanzado en la Legislatura y el acompañamiento del sector sindical. “Si no hubiera habido entendimiento entre el Ejecutivo y los bloques, no lo hubiéramos logrado. Hoy contamos con una herramienta que puede frenar la sangría y ganar tiempo. Ahora empieza el desafío de que se aplique con eficacia”, concluyó.

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