El gremio docente AMET de la provincia ha expresado su profunda preocupación por la falta de diálogo por parte del Ejecutivo, a pesar de haber presentado dos propuestas formales para abordar la situación salarial de los docentes. El reclamo es histórico y sostenido, y se centra en la necesidad de equiparar el salario de ingreso docente al costo de la Canasta Básica Total de la Patagonia.

A través de un escrito compartido por Gustavo Basiglio, secretario general de gremio, se conoció que en enero de este año, dicha canasta "alcanzó los $1.706.868 para una familia tipo, lo que pone de manifiesto la urgencia de abordar la discusión salarial de manera integral". El gremio docente considera que la discusión salarial actual "no debe centrarse únicamente en la inflación, sino en la imperiosa necesidad de garantizar un piso digno y suficiente para los educadores".

La última propuesta aceptada por el sindicato en diciembre de 2025 estuvo vinculada a resguardar a los compañeros de "posibles pérdidas de cargos y horas cátedra para el ciclo lectivo 2026, pero no resuelve el problema de fondo". Para los docentes "es imposible avanzar en cualquier discusión paritaria si se excluye de la mesa a los jubilados docentes, cuyo poder adquisitivo se ha visto gravemente erosionado".

También, en la postura de Basiglio se exige la recomposición salarial para todos los docentes, incluyendo a los jubilados, y no resigna derechos fundamentales como la recomposición del FONID y el pago del título en el segundo cargo. Asimismo, exige el cumplimiento de lo acordado en paritaria 2025 respecto al pago del Ítem Seguridad e Higiene para preceptores de talleres y sectores de producción.

Además, repudia el vaciamiento de los Centros de Formación Profesional, que "ofrecen menos capacitaciones a una sociedad con alta demanda de formación y salida laboral". Exigen el inicio de un nuevo proceso de titularizaciones en la modalidad y la implementación de capacitación específica y obligatoria para secretarias y secretarios de las escuelas.

El gremio docente rechaza el acuerdo num 716/25 por considerar "falta de veracidad:" y la Resolución 312/26, que se aplica "en perjuicio de algunos docentes", según Gustavo Basiglio. La medida de fuerza por 24 horas se llevará a cabo el 27 de febrero, en defensa de la educación pública y de los trabajadores activos y pasivos.