Los estibadores del puerto Caleta Paula mantienen un conflicto con la empresa Vepez, a la que acusan de no cumplir con el aumento salarial del 15% acordado en el Ministerio de Trabajo y de intentar “depurar” la lista de trabajadores mediante exigencias médicas que podrían dejar a varios sin empleo. Así lo afirmó el delegado Alejandro Manrique en dialogo con El Caletense Radio, quien advirtió que la situación podría derivar en medidas de fuerza.

Según explicó, mientras otras empresas del sector ya aplican el incremento llevando el valor del cajón a 1035 pesos, Vepez continúa pagando 900 pesos y condiciona el pago a la realización de exámenes preocupacionales completos, incluyendo estudios toxicológicos. “Aceptamos el preocupacional, pero no el toxicológico como filtro para dejar gente afuera”, señaló Manrique.

El conflicto se arrastra desde hace más de un mes sin avances en la conciliación obligatoria. De hecho, tras una nueva audiencia fallida, las partes quedaron liberadas para avanzar con acciones, luego de que el representante legal de la empresa manifestara no tener mandato para negociar.

Desde el gremio denuncian que ya hubo trabajadores excluidos de la lista rotativa sistema histórico que regula el acceso al trabajo y advierten que se trata de una estrategia para reemplazarlos por personal afín a la empresa. “No vamos a permitir que toquen derechos adquiridos por compañeros que dejaron la vida en el puerto”, remarcó el delegado.

Manrique también vinculó la exigencia de estudios toxicológicos con una problemática social más amplia y reclamó la intervención del Estado. “Si hay consumo problemático, hay que acompañar y recuperar a esos compañeros, no dejarlos en la calle”, sostuvo, al tiempo que criticó la falta de respuestas del Ministerio de Trabajo provincial.

El dirigente además expuso otras falencias estructurales, como la falta de una ambulancia operativa en el puerto y condiciones laborales precarias en una actividad que calificó como “pesada, riesgosa y mal paga”.

Por el momento, los trabajadores continúan prestando servicios con normalidad, aunque no descartan medidas si no hay respuestas. “Queremos trabajar, pero también que se respeten los acuerdos”, concluyó Manrique.

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