El Gobierno nacional envió al Senado un proyecto de reforma de la ley de discapacidad que ya genera fuerte preocupación en organizaciones y especialistas del sector. La iniciativa propone modificar artículos centrales de la normativa vigente y, según advierten, implicaría una desregulación del sistema de prestaciones, menor intervención estatal y posibles recortes en derechos adquiridos.

El abogado y referente de APADISCO, Gustavo Zurita, cuestionó tanto el contenido como el enfoque del proyecto. Señaló que la propuesta parte de una mirada que asocia la discapacidad con un supuesto fraude en el acceso a pensiones, lo que consideró “grave” y estigmatizante. Además, indicó que la reforma alcanzaría aspectos sensibles como las pensiones por invalidez, la cobertura de prestaciones básicas y el rol del Estado como garante.

Entre los puntos más críticos, Zurita mencionó la posibilidad de que el Estado se retire de la regulación de valores en prestaciones, dejando la negociación en manos de prestadores y obras sociales. Esto, advirtió, podría derivar en una reducción de servicios o mayores costos para las personas con discapacidad. También alertó sobre la eliminación o debilitamiento de programas de inclusión laboral, lo que considera contradictorio con otras disposiciones del proyecto.

Otro aspecto señalado es la incompatibilidad entre el cobro de una pensión y el acceso a un empleo formal. Según explicó, esto desincentivaría la inserción laboral en un contexto donde ya existen pocas oportunidades, agravando la situación económica de los beneficiarios.

El referente también subrayó el atraso en los pagos a prestadores y la falta de actualización de aranceles, lo que pone en riesgo el funcionamiento de servicios esenciales como centros de día, hogares, transporte y talleres protegidos. “Hay instituciones que están al borde del cierre porque no pueden sostener los costos básicos”, afirmó.

En paralelo, organizaciones del sector impulsan acciones para frenar el tratamiento legislativo del proyecto, incluso buscando evitar el quórum en el Senado. Argumentan que la iniciativa podría ser inconstitucional al contradecir compromisos asumidos por el país en materia de derechos de las personas con discapacidad.

Mientras tanto, el debate comienza a instalarse en el ámbito político y social, en un contexto económico complejo y con reclamos crecientes por el financiamiento de políticas públicas. El futuro de la reforma dependerá ahora de su tratamiento en comisiones y del posicionamiento de los distintos bloques legislativos.

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