La polémica por una eventual privatización de Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) volvió a estallar con fuerza en Santa Cruz. Esta vez, quien salió con los tapones de punta fue Juan Domingo Ortiz, trabajador de la empresa y referente de ATE, quien aseguró que el proceso "ya está avanzado" y que los trabajadores fueron puestos bajo análisis por una consultora contratada con participación sindical.

"Esto no está en pañales, está avanzado", disparó Ortiz en diálogo con Aquí y Ahora, donde sostuvo que la amenaza sobre la empresa estatal dejó de ser un simple rumor para transformarse en una preocupación concreta puertas adentro.

Según denunció, la situación tomó una gravedad inédita tras la viralización de audios atribuidos a Juan Espinosa, dirigente de Luz y Fuerza, en los que se habría reconocido la existencia de estudios detallados sobre cada trabajador de la empresa. "Pagaron una consultora, revisaron legajo por legajo y entregaron toda esa información. Eso no lo dice cualquiera, lo dice un dirigente sindical", lanzó.

Ortiz fue aún más allá y acusó una connivencia entre sectores gremiales y la conducción política de SPSE. "Son juez y parte. Tienen cargos estratégicos dentro de la empresa y hoy trabajan para despojar a los trabajadores de sus derechos", sostuvo, en una de las declaraciones más duras de la entrevista.

El referente gremial advirtió que una privatización no sólo pondría en riesgo miles de puestos laborales, sino que también tendría un fuerte impacto en el bolsillo de los usuarios. "Hoy pegás una tarifa subsidiada. Si esto pasa a manos privadas, la factura se va a disparar", alertó.

Además, vinculó la falta de inversión y el deterioro del servicio con un supuesto plan deliberado para debilitar la empresa y justificar su eventual traspaso. "No hay móviles propios, no hay materiales, no hay inversión hace años. Esto no es casualidad, es un vaciamiento planificado", denunció.

En ese marco, respaldó el proyecto presentado por el diputado provincial Daniel Peralta, que busca declarar inalienables los bienes de las empresas estatales santacruceñas. "Por lo menos alguien hizo algo. Los trabajadores seguimos esperando respuestas", remarcó.

La discusión, que hasta hace algunos meses circulaba en voz baja, ahora quedó instalada en el centro de la escena política y sindical. Mientras desde el Gobierno provincial niegan oficialmente que exista un plan de privatización, las declaraciones de Ortiz y los audios que involucran a dirigentes de Luz y Fuerza alimentan las sospechas.

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