El gerente de seguridad patrimonial de la empresa Clear Petroleum, Ricardo Becerra, alertó sobre el crecimiento del robo de cobre en áreas petroleras de Santa Cruz y aseguró que se trata de un fenómeno “sistemático” que afecta a todas las operadoras de la región.

En diálogo con el programa Más de lo Mismo, el especialista explicó que este tipo de delito no es exclusivo de la provincia, sino que responde a una problemática global. “El robo de cobre es un flagelo mundial. El FBI lo considera una amenaza para infraestructuras críticas”, señaló, al tiempo que mencionó miles de incidentes registrados en países como Estados Unidos.

Sin embargo, Becerra remarcó que en la Patagonia se dan condiciones que favorecen este tipo de delitos: grandes extensiones territoriales, activos dispersos, múltiples accesos y baja densidad poblacional. “Son factores que dificultan el control y permiten que los delincuentes actúen con mayor facilidad”, indicó.

Según explicó, los hechos no son aislados ni casuales, sino que responden a una lógica más compleja que incluye distintas etapas: sustracción, transporte, acopio, reducción y posterior comercialización del material robado.

El directivo también vinculó el incremento de estos delitos con el crecimiento de la demanda global de cobre, impulsada por la transición energética, los vehículos eléctricos y el desarrollo tecnológico. “Hoy el cobre es un recurso clave, y eso hace que este negocio sea cada vez más rentable”, sostuvo.

En ese contexto, destacó la implementación en Santa Cruz de la Ley 3.957, que regula la trazabilidad del material no ferroso y obliga a registrar su origen y destino. “Es un paso fundamental que marca un antes y un después, porque le da herramientas al Estado y a la Justicia para actuar”, afirmó.

Además, valoró el trabajo conjunto entre el sector privado, el Ministerio de Seguridad y la Policía, así como la conformación de un foro de seguridad patrimonial entre operadoras para compartir información y coordinar acciones.

Becerra también hizo un llamado a la comunidad a colaborar con denuncias ante hechos sospechosos. “Es clave que los ciudadanos participen, porque eso permite avanzar en las investigaciones y desarticular estas redes”, señaló.

Consultado sobre el impacto económico, evitó brindar cifras precisas por tratarse de causas en investigación, pero aseguró que las pérdidas son millonarias. “No es solo el cable robado: hay que sumar la paralización de pozos, la logística, las reparaciones. Es un costo muy alto para la industria y para la provincia”, explicó.

Finalmente, advirtió que el robo de cobre no solo afecta a las empresas, sino también a la sociedad en su conjunto. “Menos producción implica menos regalías, y eso impacta en recursos para educación, salud y seguridad”, concluyó.