La obra social de los empleados públicos en Caleta Olivia atraviesa un funcionamiento inestable, con suspensiones intermitentes de prestaciones que dependen directamente del ingreso de fondos. Así lo explicó Sandra Casas, vocal por los pasivos de la Caja de Servicios Sociales, quien confirmó además que el gobernador Claudio Vidal está interiorizado en la problemática y ya recibió planteos concretos sobre la crisis del sistema.

Según detalló, el esquema actual de funcionamiento es irregular: la Caja no recibe de manera automática los aportes de los trabajadores, sino que los fondos ingresan de forma fragmentada, lo que obliga a priorizar pagos entre clínicas, farmacias y profesionales. Esta dinámica genera cortes temporales en servicios médicos, que pueden activarse o suspenderse en cuestión de días.

En Caleta Olivia, uno de los puntos críticos es la dependencia de la clínica Cruz del Sur como principal prestador en la zona norte. Cuando no se cubre la totalidad de la facturación, se producen interrupciones en la atención, aunque luego se restablezcan al regularizarse parcialmente los pagos. Actualmente, indicaron, las prestaciones funcionan con relativa normalidad, tras cancelarse deudas recientes con algunos sectores como anestesistas.

A esta situación se suma la caída del sistema digital Traditum, que dejó de operar tras un cambio de empresa. Esto obligó a los afiliados a volver al uso del carnet físico o al DNI para acceder a la atención, generando dificultades especialmente en adultos mayores y en la gestión cotidiana con prestadores.

Casas también advirtió que los casos más sensibles pacientes oncológicos, crónicos o con enfermedades de alto costo dependen del mismo circuito financiero general, sin un fondo específico que garantice la continuidad de los tratamientos. En muchos casos, la medicación es inaccesible sin cobertura, lo que agrava el impacto de las demoras.

En este contexto, la vocal mantuvo una reunión con el gobernador Claudio Vidal, a quien le presentó reclamos vinculados al funcionamiento de la obra social. Según relató, el mandatario se mostró informado sobre la situación, escuchó los planteos durante más de 40 minutos y confirmó acciones en curso, entre ellas una denuncia ante la Corte Suprema por deudas de municipios con la Caja.

Uno de los puntos centrales del conflicto es precisamente la falta de aportes de las intendencias, señaladas como principales responsables del desfinanciamiento. De acuerdo a lo planteado, la mayoría de los municipios mantiene deudas tanto históricas como actuales que impactan directamente en la capacidad de la obra social para sostener las prestaciones.

Además, Casas mencionó que entregó en mano al gobernador un pedido formal por la provisión de audífonos, con expedientes acumulados desde 2023 sin resolución, reflejando otro de los déficits estructurales del sistema.

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