La situación paritaria docente en Santa Cruz atraviesa un escenario de fuerte tensión, marcado por la ausencia de una convocatoria formal a discutir salarios en lo que va del año y por un contexto económico que limita cualquier avance inmediato.

En este escenario, la presidenta del Consejo Provincial de Educación, Iris Rasgido, explicó que las dificultades financieras, la caída de la recaudación y la necesidad de endeudamiento condicionan la apertura de la paritaria salarial, a pesar de que el diálogo se mantiene en instancias técnicas como las subcomisiones laborales.

Desde el Ejecutivo sostienen que durante 2024 y 2025 los incrementos salariales superaron la inflación, en el marco de un proceso de recuperación del poder adquisitivo docente tras años de atraso. Sin embargo, los gremios advierten que la inflación acumulada de 2026 ya erosionó esos avances y reclaman una urgente recomposición, lo que derivó en medidas de fuerza que impactan en el normal dictado de clases.

En este contexto, uno de los puntos centrales del conflicto son los denominados “resguardos”, una herramienta implementada por el Gobierno para sostener los puestos laborales frente a la caída de matrícula.

Según datos oficiales, el sistema educativo provincial perdió alrededor de 7.000 alumnos en los últimos años, lo que obligaría, por normativa, al cierre de cursos y la baja de cargos docentes. No obstante, la Provincia decidió mantener esas fuentes de trabajo mediante este esquema, que implica un fuerte costo presupuestario y que en 2025 superó los 2.300 millones de pesos.

Desde el CPE, Rasgido indicó que los resguardos se otorgan actualmente mes a mes debido al rechazo gremial a una propuesta oficial presentada en noviembre de 2025 que contemplaba su continuidad durante todo 2026. Además, explicó que los docentes incluidos en este esquema cumplen funciones dentro de las instituciones, como el acompañamiento pedagógico, con el objetivo de fortalecer las trayectorias educativas.

Por último, en materia de infraestructura escolar, destacó avances en el plan de recuperación edilicia. En Caleta Olivia, durante 2025 se invirtieron más de 828 millones de pesos en obras de calefacción y electricidad en 17 edificios educativos, muchos de los cuales presentaban graves irregularidades.

Las intervenciones incluyeron desde la instalación completa de redes de gas hasta la certificación de los sistemas por parte de entes reguladores, con el objetivo de garantizar condiciones seguras y adecuadas para la comunidad educativa de cara al invierno.

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