El presidente de CAPROMISA, Amadeo Gravino, planteó un debate sobre la sustentabilidad económica de la política de integración laboral y productiva conocida como 90/10, al advertir que el desarrollo local “tiene costos” que deben ser previstos y distribuidos entre todos los actores involucrados.

A través de un análisis centrado en la actividad minera, Gravino señaló que la meta de alcanzar un esquema con mayor participación de trabajadores y proveedores locales puede ser “un acierto” como herramienta de desarrollo territorial, aunque remarcó que para sostenerla se necesitan inversiones, capacitación y tiempos de adaptación.

“Integrar trabajadores y proveedores locales cuesta dinero, requiere tiempo, necesita capacitación y tiene curvas de aprendizaje”, sostuvo el dirigente empresario, quien alertó que si esos costos no se contemplan desde el inicio “aparecen tensiones, el sistema se resiente y el desarrollo termina construyéndose a medias”.

En ese marco, Gravino planteó una serie de interrogantes sobre cómo financiar la transformación hacia una minería con mayor integración local. Entre ellos, preguntó si el costo debe ser absorbido por las operadoras resignando eficiencia, por las pymes reduciendo márgenes de ganancia, por los trabajadores durante los procesos de formación o por el Estado mediante regalías.

“El punto de partida no es únicamente fijar el porcentaje de integración que queremos alcanzar. También hay que definir cuál es el camino para llegar, cuánto va a costar y cómo se va a repartir ese costo”, expresó.

Finalmente, el titular de CAPROMISA insistió en que el desarrollo local “no se decreta”, sino que debe planificarse, financiarse y construirse mediante acuerdos y participación conjunta entre el sector privado, el Estado y los trabajadores.