La ex diputada nacional por Santa Cruz, Roxana Reyes, cuestionó públicamente el proyecto de financiamiento estratégico impulsado por el Gobierno provincial y advirtió que la iniciativa representa “un cheque en blanco en dólares comprometiendo generaciones futuras”.

A través de una extensa publicación difundida en redes sociales, Reyes sostuvo que el proyecto enviado a la Cámara de Diputados de Santa Cruz, que contempla un endeudamiento de hasta 600 millones de dólares, sería “inconstitucional” por no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 40 de la Constitución Provincial.

La propuesta oficial prevé un plazo de amortización de hasta 15 años y habilita al Ejecutivo provincial a ofrecer como garantía recursos como la coparticipación federal, las regalías hidrocarburíferas y las regalías mineras.

En su análisis, Reyes cuestionó que el texto no detalle específicamente el destino de los fondos. Según explicó, el proyecto menciona que el dinero podrá utilizarse para “gastos de capital, programas de desarrollo y administración de pasivos”, aunque incorpora la frase “enunciativo pero no taxativo”, lo que —según interpretó— deja abierta la posibilidad de destinar los recursos “a cualquier otro fin que el Ejecutivo decida posteriormente”.

“La Constitución Provincial exige expresamente que se especifique el objeto del empréstito. Una enumeración abierta no es una especificación”, afirmó.

La ex legisladora también señaló que el proyecto no establece con claridad cómo se afrontará el pago de la deuda. Indicó que, si bien se autorizan garantías sobre distintos recursos provinciales, no se fija un esquema concreto de amortización ni un cronograma financiero.

Otro de los puntos cuestionados por Reyes tiene que ver con el impacto que podría generar sobre futuras administraciones provinciales. En ese sentido, mencionó la Ley Nacional de Responsabilidad Fiscal, que establece que los servicios de deuda no pueden superar el 15% de los recursos corrientes netos.

“Una administración no puede agotar el margen de endeudamiento de las próximas gestiones”, expresó.

Además, criticó la posibilidad de que la provincia pueda someter eventuales litigios a tribunales extranjeros y renunciar parcialmente a la inmunidad soberana sobre los recursos cedidos en garantía.

En la publicación, Reyes aseguró que, de aprobarse tal como está redactado, el proyecto podría derivar en planteos judiciales de inconstitucionalidad y generar “inseguridad jurídica” para los potenciales inversores.

Finalmente, planteó una serie de condiciones mínimas para avanzar en el debate legislativo, entre ellas especificar las obras o programas a financiar, identificar una fuente concreta de repago, acreditar autorización nacional previa y presentar proyecciones financieras que demuestren la sostenibilidad de la deuda.

“No se discute si hace falta plata. Se discute si vamos a entregar el control de 600 millones de dólares y de las regalías de la provincia sin que la Legislatura sepa para qué”, concluyó.