La normativa, identificada como Ordenanza N° 6.890, fue sancionada el pasado 27 de marzo, aunque recién entró en vigencia el 17 de mayo tras su publicación en el Boletín Oficial. Según explicó Aybar, las sanciones comenzaron a aplicarse desde las cero horas del domingo para todos los procedimientos realizados a partir de esa fecha. “La primera escala va desde 0.0 hasta 0.20 gramos de alcohol en sangre y ya implica una multa superior al millón de pesos y un mes de inhabilitación”, detalló el magistrado.

La nueva escala establece multas progresivas de acuerdo al nivel de alcohol detectado:

De 0.0 a 0.20: $1.152.000 y un mes de inhabilitación.
De 0.21 a 0.50: $2.304.000 y dos meses.
De 0.51 a 0.75: $3.456.000 y tres meses.
De 0.76 a 1.0: $4.608.000 y cuatro meses.
De 1.0 a 1.5: $5.760.000 y cinco meses.
Más de 1.5 gramos: $6.912.000 y seis meses de inhabilitación.

Además, Aybar aclaró que negarse a realizar el test de alcoholemia equivale automáticamente a la sanción máxima. En el caso de conductores profesionales como taxistas, remiseros, choferes de colectivos o camiones también se aplica directamente la penalidad más alta.

El titular del Juzgado de Faltas sostuvo que la medida busca generar conciencia y prevenir tragedias viales. “La ordenanza tiende a persuadir para evitar hechos graves y víctimas fatales”, señaló.

En ese contexto, también opinó sobre los casos de accidentes fatales provocados por conductores alcoholizados y consideró que algunas situaciones podrían encuadrarse como “dolo eventual”, una figura penal más severa que el homicidio culposo.

Por otra parte, Aybar reveló que junto a los secretarios del Juzgado de Faltas presentó un reclamo formal ante el Concejo Deliberante por una diferencia salarial que, según denunció, representa una quita del 30% de sus haberes.

El expediente fue ingresado el pasado 8 de mayo y apunta contra una supuesta aplicación indebida de un decreto municipal que habría congelado aumentos salariales. “Somos un poder independiente del municipio y no cargos políticos sujetos a la firma del intendente”, afirmó. Según explicó, la situación incluso afecta futuras jubilaciones de los funcionarios judiciales municipales. “Si esto no se regulariza, vamos a tener que judicializar el tema”, advirtió.

Finalmente, Aybar remarcó que el reclamo no es solo salarial sino también institucional. “La justicia de faltas no puede estar sometida a los vaivenes políticos. La independencia judicial también se defiende garantizando la intangibilidad de los salarios”, concluyó.

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