La Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC) resolvió profundizar el plan de lucha salarial y laboral con un paro total de actividades por 96 horas, previsto para los días martes 26, miércoles 27, jueves 28 y viernes 29 de mayo, tras evaluar el resultado de la audiencia de Conciliación Obligatoria.

La decisión fue adoptada durante el Congreso Extraordinario realizado este viernes, donde el gremio cuestionó duramente la falta de respuestas del Ejecutivo provincial en el marco de la instancia judicial y calificó la postura oficial como “extorsiva”.

Además, ADOSAC expresó su rechazo al accionar del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, al considerar que actuó de manera “incongruente” en su rol de mediador por formar parte de la patronal estatal.

En ese contexto, el congreso ratificó la exigencia de respuestas concretas en la subcomisión laboral sobre tres puntos considerados prioritarios: la convocatoria a una paritaria salarial con una propuesta que permita superar la línea de pobreza; la definición de un cronograma de trabajo para abordar el proyecto pedagógico impulsado por la docencia; y la devolución de los descuentos salariales aplicados desde diciembre de 2025 hasta la actualidad.

El gremio también manifestó su rechazo a las “amenazas” emitidas por el Consejo Provincial de Educación (CPE), recordando que el derecho a huelga se encuentra garantizado constitucionalmente.

En ese marco, ADOSAC cuestionó a la presidenta del CPE, Iris Rasgido, denunciando situaciones vinculadas a la baja de cargos y horas de docentes en tareas pasivas por cuestiones de salud. Asimismo, repudió la actuación de supervisores y directivos que habrían dado de baja a docentes en excepción e idóneos por adherir a las medidas de fuerza.

Durante el encuentro sindical también se definieron otros posicionamientos vinculados a distintas problemáticas del sector. Entre ellos, el rechazo a cualquier intento de endeudamiento estatal y el pedido de que los recursos públicos provengan de regalías mineras y petroleras.

Además, reclamaron una inversión urgente en infraestructura escolar, especialmente en sistemas de calefacción y finalización de obras edilicias, y exigieron el normal funcionamiento de la Caja de Servicios Sociales para garantizar el acceso a prestaciones médicas, medicamentos y estudios de laboratorio.

Finalmente, el gremio rechazó el Acuerdo 717/26 aprobado por el Consejo Provincial de Educación, al considerar que fue implementado de manera unilateral y sin consulta previa a la comunidad educativa.