En medio de un escenario de tensión creciente entre el Ejecutivo provincial y el sector docente, Rasgido explicó que el Estado provincial continuará garantizando las licencias sindicales, pero sin goce de haberes. Según indicó, la legislación vigente obliga al empleador a otorgar esas licencias, aunque no establece que deban ser pagadas por el Estado.

“Los sindicatos reciben todos los meses alrededor de 200 millones de pesos en concepto de aportes gremiales. Por lo tanto, entendemos que el sostenimiento económico de los dirigentes sindicales debe correr por cuenta de las propias organizaciones”, argumentó la titular del CPE.

La funcionaria detalló además el impacto económico que, según el Gobierno, genera el esquema actual. Precisó que el pago de licencias gremiales representa unos 84 millones de pesos mensuales para el Consejo Provincial de Educación. A ese monto se suma el costo de los docentes suplentes que deben cubrir las aulas vacantes, lo que duplica el gasto estatal.

En ese contexto, Rasgido cuestionó con dureza la continuidad de los paros docentes y el rechazo sindical a la conciliación obligatoria dictada por las autoridades laborales. Aseguró que el nivel de acatamiento a las medidas de fuerza actualmente “oscila entre el 27% y el 30,1%”, y advirtió sobre las dificultades para sostener el diálogo en medio del conflicto.

“Es bien complejo avanzar en un proceso de diálogo cuando la única respuesta es paro”, afirmó la presidenta del organismo educativo, marcando la postura del Ejecutivo frente a la negociación salarial aún abierta con los gremios.

Por otra parte, Rasgido vinculó la posibilidad de un eventual endeudamiento provincial con la necesidad de financiar obras de infraestructura escolar que permanecen postergadas. Según explicó, acceder a financiamiento externo permitiría destinar recursos corrientes del CPE a continuar con la recuperación salarial docente.

Asimismo, anticipó que el Gobierno trabaja en mecanismos para recuperar los días de clases perdidos a raíz de las huelgas, aunque no brindó detalles sobre cómo se implementarán esas medidas.

Las declaraciones de la titular del Consejo Provincial de Educación se producen en un clima de fuerte confrontación con los gremios docentes, en un conflicto que continúa profundizando la tensión política y sindical en Santa Cruz.