Además mencionó un proyecto presentado por el Polo Obrero para cobrarle a las empresas extranjeras que estan en Santa Cruz extreyendo oro y plata. Durante sus declaraciones, Latini sostuvo que las medidas impulsadas por la administración provincial no representan una solución de fondo a los problemas económicos que atraviesa Santa Cruz y consideró que el esquema propuesto traslada el peso de la crisis a la población mientras no aborda las causas estructurales del déficit financiero.

El dirigente señaló que el Gobierno busca obtener recursos a través de mecanismos que podrían comprometer las finanzas públicas a futuro, al tiempo que cuestionó la falta de debate y participación de distintos sectores sociales en la elaboración de la iniciativa.

"Los trabajadores, los jubilados y los sectores populares vienen soportando el ajuste desde hace tiempo y este tipo de medidas no garantizan mejoras reales en sus condiciones de vida", manifestó el referente del Polo Obrero, quien reclamó la implementación de políticas orientadas a la generación de empleo genuino y a la recomposición de los ingresos.

Latini también planteó la necesidad de que cualquier programa de financiamiento sea acompañado por mecanismos de control y transparencia que permitan conocer el destino de los fondos obtenidos y los resultados esperados de su aplicación.

En ese contexto, desde el Polo Obrero insistieron en la importancia de impulsar medidas que prioricen la inversión social, la creación de puestos de trabajo y la asistencia a las familias que enfrentan mayores dificultades económicas en el actual escenario inflacionario.

Las críticas se suman al debate que ha generado el plan de financiamiento en distintos sectores políticos, sindicales y sociales de Santa Cruz, donde existen posiciones encontradas respecto de la conveniencia y el alcance de la propuesta impulsada por el Ejecutivo provincial.

Mientras el Gobierno sostiene que las herramientas financieras son necesarias para garantizar el funcionamiento del Estado y avanzar en obras e inversiones estratégicas, sectores opositores y organizaciones sociales reclaman mayores precisiones sobre el impacto económico de la iniciativa y sus efectos a mediano y largo plazo.