Sobre el debate legislativo, explicó que el proyecto venía siendo trabajado desde hace tiempo y que recientemente fue actualizado. En ese marco, indicó que la discusión giró en torno a si correspondía convocar un nuevo proceso de designación o cumplir directamente con la resolución judicial, ante lo cual señaló que “la Comisión resolvió acatar de pleno el dictamen o el planteo de la Corte”.

Muñoz recordó que el cargo de Procurador General había sido eliminado a raíz de una reestructuración judicial planteada en su momento, situación que derivó en el desplazamiento de Eduardo Sosa y en un extenso conflicto judicial. Según afirmó, los sucesivos requerimientos de la Corte Suprema para restituirlo se fueron demorando durante años, pese a que el reclamo se remonta a mediados de la década de 2000.

En este marco, señaló que, tras los avances en la Legislatura, estamos a prácticamente un mes de que Sosa sea restituido en el cargo de Procurador General de la provincia, aunque no descartó que el tema pueda acelerarse si se logra una mayoría especial para tratarlo antes. “Seguramente en la próxima sesión pasará a artículo 64 para complementar algún planteo que se puede hacer en modificatoria del Despacho, de lo contrario quedará firme en la última sesión de junio”, detalló.

Asimismo, explicó que el fallo judicial exige la restitución de Sosa, pero que para hacerlo efectivo primero debe crearse por ley el cargo que había sido eliminado. En ese sentido, remarcó que ambas acciones fueron necesarias y aclaró que el cargo permanecerá vigente más allá de la situación personal de Sosa, incluso si decidiera renunciar, jubilarse o no asumir.

Respecto a la incorporación de UDA a la paritaria provincial, Muñoz cuestionó la decisión del Gobierno y aseguró que la organización no reúne las condiciones para participar de la negociación salarial. “Lo veo como una irresponsabilidad absoluta de parte del Ministerio”, afirmó, al sostener que se trata de una entidad sin representación real en la provincia. Además, consideró que detrás de la habilitación existe una intencionalidad política destinada a generar tensiones dentro del ámbito paritario y advirtió que “la intromisión del poder político o de un sector muy vinculado al Consejo Provincial de Educación es clara y es evidente”.

En este sentido argumentó que, por su historia y encuadre sindical, UDA solo podría afiliar docentes de tres establecimientos que originalmente pertenecían a la órbita nacional antes de su transferencia a la provincia en 1993. “UDA no debe ni conocer cuántas escuelas nacionales teníamos al 93, porque la gente esta evidentemente no es de la región y mucho menos de santa cruz. Podrían llegar a intervenir solo en 3 escuelas de las 300 instituciones escolares que tenemos”, aseguró.

Finalmente, reclamó que el Gobierno suspenda la participación del gremio hasta que se resuelva el recurso presentado por ADOSAC y consideró que “no debe constituirse esta representación de parte de UDA hasta que se resuelva la presentación del recurso”, para evitar una mayor conflictividad en el sector educativo.

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