El Gobierno de Santa Cruz explicó los fundamentos que motivaron el veto al proyecto de ley sancionado recientemente por la Honorable Cámara de Diputados que proponía elevar hasta el 5% las regalías aplicables a determinados proyectos mineros.

Desde el Ministerio de Energía y Minería remarcaron que la decisión no implica rechazar el debate sobre la participación provincial en la renta minera, sino asegurar que cualquier cambio se realice en concordancia con el marco legal vigente y tras una evaluación integral de sus impactos.

En ese sentido, la secretaria de Estado de Minería, Paola Pavanello, sostuvo que “Santa Cruz comparte plenamente el objetivo de fortalecer los recursos que la actividad minera genera para el desarrollo provincial y para las comunidades. Sin embargo, es indispensable que cualquier modificación en una materia tan sensible se construya con rigurosidad técnica y jurídica”.

La funcionaria explicó que una de las principales razones del veto estuvo vinculada a un error conceptual en la definición de las regalías mineras. “Las regalías se generan sobre el mineral efectivamente extraído y producido, no durante la etapa de construcción de un proyecto. El texto sancionado confundía dos instancias completamente distintas de la actividad minera, asociando el cobro de regalías a una fase en la que todavía no existe producción”, afirmó.

Asimismo, recordó que Santa Cruz cuenta con un régimen específico de regalías establecido por la Ley Provincial N° 1992 y sus modificatorias, en concordancia con la Ley Nacional N° 24.196 de Inversiones Mineras, a la que la provincia se encuentra adherida, por lo que toda modificación, debe integrarse de manera ordenada al sistema legal vigente, evitando superposiciones normativas o interpretaciones que puedan generar incertidumbre jurídica.

Además, trajo a colación que otro de los aspectos observados, fue el alcance real de la medida. Pavanello explicó que la posibilidad de aplicar regalías de hasta el 5% no tendría impacto sobre las minas actualmente en producción, ya que la legislación nacional sólo contempla esa alternativa para proyectos que aún no iniciaron su etapa de explotación. “Se trata de emprendimientos que hoy se encuentran en exploración y que, de avanzar, podrían comenzar a producir recién dentro de 5 a 10 años. Por eso es necesario analizar cuidadosamente los efectos que una medida de este tipo puede tener sobre las inversiones y el desarrollo futuro de la actividad”, sostuvo.

Finalmente, la funcionaria destacó que la minería constituye uno de los principales motores productivos de Santa Cruz. “Queremos seguir fortaleciendo la participación de la provincia en los beneficios que genera la actividad, pero debemos hacerlo con responsabilidad y con reglas claras que permitan sostener las inversiones, el empleo y el crecimiento económico de largo plazo”, concluyó.