El vocal por los afiliados activos de la Caja de Servicios Sociales (CSS), Manuel Piris, denunció que unos 3.500 trabajadores municipales de Santa Cruz permanecen sin el alta en la obra social provincial, a pesar de que los aportes les son descontados de sus salarios. Durante una entrevista radial, sostuvo que la situación representa una "ilegalidad" que debe resolverse mediante el diálogo y la intervención de la Justicia.

Piris explicó que el problema afecta exclusivamente a empleados municipales y señaló que Río Gallegos concentra alrededor de 600 casos, mientras que en Caleta Olivia inicialmente se contabilizaban poco más de 200. Sin embargo, durante la entrevista referentes sindicales locales afirmaron que la cifra superaría los 1.000 trabajadores sin cobertura, un dato que el vocal dijo que buscará corroborar durante su visita a la ciudad.

En ese marco, confirmó que el próximo lunes mantendrá reuniones con autoridades municipales y representantes gremiales para abordar el conflicto. Además, reveló que intentó reunirse previamente con el secretario general del Sindicato de Obreros y Empleados Municipales (SOEMCO), Julián Carrizo.

"Le mandé una nota a Julián Carrizo para que podamos reunirnos y charlar. También le escribí por WhatsApp y todavía no me respondió. Ahora que voy a Caleta voy a aprovechar para acercarme al sindicato y a la Municipalidad porque esto se soluciona hablando y reconociendo la situación", afirmó.

El dirigente sostuvo que los trabajadores son los principales perjudicados porque los descuentos por obra social se realizan de manera obligatoria, aunque luego no pueden acceder a las prestaciones. "El trabajador paga compulsivamente y termina sin cobertura por una situación que no depende de él", remarcó.

En otro tramo de la entrevista, Piris cuestionó el funcionamiento institucional de la Caja de Servicios Sociales y aseguró que las facultades de los vocales elegidos por los afiliados son limitadas frente al poder que concentra la Presidencia del organismo.

Con ese diagnóstico, informó que presentó un proyecto en la Legislatura Provincial para modificar la Ley 3677, con el objetivo de extender el mandato de los vocales de dos a cuatro años y establecer que el presidente de la Caja sea elegido directamente por los afiliados. Según argumentó, esas reformas permitirían fortalecer la representación de los trabajadores y avanzar hacia una mayor democratización de la obra social estatal.

Finalmente, recordó que las elecciones para renovar la vocalía de los afiliados activos se realizarán el 28 de agosto y confirmó que buscará la reelección para continuar impulsando los cambios propuestos.

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