En dialogo con El Caletense Radio, el presidente de la Caja de Previsión Social (CPS), Pablo Pérez, se expresó respecto al fallo del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Santa Cruz mediante el cual se revocó la cautelar que impedía retener aportes previsionales. La decisión deja sin efecto la medida que había obtenido el Municipio de Río Gallegos para frenar las retenciones previstas en la Ley 1782.

Pérez sostuvo que la Justicia entendió que “no estaban dadas las condiciones” para sostener la cautelar de no innovar que suspendía el articulado de la Ley 1782, vigente desde 1985. En ese sentido, remarcó que no se trata de una nueva obligación para los municipios, sino del cumplimiento de una ley ya existente. “La ley vuelve a aplicarse mientras continúa lo que viene a ser el juicio de fondo”, señaló.

El titular de la CPS afirmó que el objetivo del organismo es que se cumpla con la norma y poder utilizar el mecanismo previsto para retener de la coparticipación los aportes personales y contribuciones patronales que no fueron transferidos. En el aspecto económico, destacó que “genera un sostenimiento de la parte previsional porque la deuda de los municipios no es solamente actual, sino que es algo histórico y cuando esos recursos no ingresan, alguien tiene que cubrir ese faltante y termina haciéndolo la provincia con recursos que podrían destinarse a salud, educación, seguridad o infraestructura”.

En ese sentido, subrayó que “este gesto a la sociedad que tuvo el TSJ de Justicia no es una discusión política, es una decisión judicial que permite aplicar una ley que está plenamente vigente y protege el financiamiento de nuestro sistema previsional”.

Pérez consideró que el fallo marca un precedente para todos los municipios y organismos públicos de la provincia. “No puede haber municipios que cumplan, otros que no y la ley debe aplicarse de la misma manera para todos”, sostuvo.

Respecto del estado de las cuentas, el titular de la Caja indicó que “la deuda mensual nucleando a todos los municipios, alcanza unos 7 mil millones y si hablamos de la deuda histórica que ya supera los 30 años, está alcanzando los 200 mil millones”.

En este marco, indicó que se trabajarán en instancias de diálogo para avanzar en una solución, subrayando que la intención del organismo no es confrontar con los municipios, sino garantizar el cumplimiento de la legislación previsional. No obstante, no descartó que, en caso de ser necesario, se avance con la retención de fondos de coparticipación. “Es algo que tendremos que charlar directamente con el jefe de Gabinete, con la ministra de Gobierno, con el ministro de Economía para sentarnos con cada uno de los municipios y avanzar en esta situación”, indicó.

Finalmente, sostuvo que la Ley 1.782 permite retener aportes que los municipios no transfieren. “A todos los trabajadores le descuentan, esa plata se la queda el municipio, no es del municipio, es del trabajador y esos fondos no son girados a la CPS, entonces, el artículo 22 lo que permite es ese mecanismo de que, a los municipios que no transfieren debidamente los aportes personales y patronales, retenerles directamente en la coparticipación, pero es algo que tenemos que sentarnos con todos los actores que forman parte de esta situación para encaminar y dar cumplimiento a la ley previsional”, puntualizó.

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