En el marco de una recorrida realizada la semana pasada por la zona norte de la provincia, Piris mantuvo reuniones en Caleta Olivia con el intendente Pablo Carrizo y el concejal Carlos Aparicio. El dirigente destacó la predisposición al diálogo encontrada durante esos encuentros, remarcando que las diferencias políticas no deben convertirse en un obstáculo para resolver los problemas de los afiliados.

"Hay que demostrar madurez y voluntad política para trabajar por el conjunto de los afiliados", sostuvo, al tiempo que valoró la apertura de las autoridades locales para abordar distintas problemáticas vinculadas al funcionamiento de la obra social provincial.

De cara a los comicios de agosto, Piris aseguró que continuará recorriendo las distintas localidades de Santa Cruz para dialogar con los trabajadores y presentar sus propuestas, con el objetivo de consolidar una gestión enfocada en mejorar las prestaciones y fortalecer el vínculo entre la Caja de Servicios Sociales y sus afiliados.

Denunció una "doble injusticia"

Uno de los puntos que más preocupación genera, según el vocal, es la situación de numerosos trabajadores municipales que figuran con descuentos de la CSS en sus haberes, pero nunca son dados de alta por las respectivas comunas, quedando sin acceso a las prestaciones de la obra social.

Piris calificó esta situación como una "doble injusticia". Explicó que, además de sufrir el descuento salarial sin recibir cobertura, cuando estos empleados recurren a los hospitales públicos para solicitar la libreta sanitaria con el fin de acceder a la atención médica, el sistema les rechaza el trámite porque registra que poseen obra social.

"El trabajador queda en un limbo: le descuentan por una cobertura que no tiene y, al mismo tiempo, el hospital le niega la atención gratuita porque el sistema informa que cuenta con obra social", advirtió.

Finalmente, reclamó que los municipios regularicen de manera urgente la situación administrativa de estos empleados para garantizar el acceso efectivo a la salud y evitar que continúen siendo perjudicados por fallas burocráticas que terminan afectando un derecho esencial.