La Justicia de Chubut condenó a un comerciante de 60 años de Río Mayo a dos años de prisión de ejecución condicional tras reconocer su responsabilidad en dos hechos de abuso sexual simple ocurridos durante 2024. La sentencia fue dictada en el marco de un juicio abreviado, un mecanismo previsto por la legislación argentina que permite resolver determinadas causas sin llegar a un debate oral, siempre que el imputado admita los hechos y exista un acuerdo entre la Fiscalía y la defensa.

El acuerdo fue presentado por la Fiscalía de Sarmiento y la defensa particular del acusado durante una audiencia realizada en la Oficina Judicial de esa ciudad. Antes de homologarlo, el juez Alejandro Rosales evaluó que el reconocimiento de responsabilidad hubiera sido realizado de manera libre y voluntaria, además de verificar que las pruebas reunidas durante la investigación resultaran suficientes para sustentar la condena. Finalmente, resolvió hacer lugar al acuerdo y dictó la sentencia.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público Fiscal, el primer episodio se produjo entre enero y septiembre de 2024 dentro del comercio donde trabajaba el imputado. En tanto, el segundo hecho ocurrió el 30 de mayo de ese mismo año y también tuvo como escenario el mismo local, cuando otra clienta denunció haber sido víctima de conductas que la Justicia encuadró como abuso sexual simple. Como parte del juicio abreviado, el acusado admitió su responsabilidad en ambos hechos.

Si bien la condena es de dos años de prisión, la pena es de ejecución condicional, por lo que el hombre no deberá cumplirla en una unidad penitenciaria mientras respete las condiciones impuestas por la Justicia. No obstante, la sentencia implica que contará con antecedentes penales y que cualquier incumplimiento de las reglas fijadas podría derivar en una revisión de ese beneficio.

Entre las medidas dispuestas, el condenado deberá realizar una capacitación en perspectiva de niñez y género, someterse a una evaluación profesional para determinar si necesita tratamiento psicológico y presentarse en ocho oportunidades ante el Cuerpo de Delegados de Control. Asimismo, tendrá prohibido mantener cualquier tipo de contacto con las víctimas, acercarse a sus domicilios o comunicarse con ellas por cualquier medio, incluidas las redes sociales.

El juicio abreviado es una herramienta contemplada por el Código Procesal Penal para determinados delitos cuya escala penal permite este tipo de acuerdos. En estos casos, el imputado reconoce expresamente su participación en los hechos, la Fiscalía propone una pena y el juez interviene para controlar que el procedimiento respete las garantías legales y que el acuerdo cuente con respaldo probatorio suficiente antes de dictar sentencia.

Tal como establece la normativa vigente para los delitos contra la integridad sexual, la identidad de las víctimas permanece bajo estricta reserva para proteger su intimidad y evitar cualquier forma de revictimización.