La concejal de El Chaltén, Elizabeth Romanelli, manifestó su rechazo al proyecto de "Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada", impulsado por el Gobierno nacional y previsto para su tratamiento en el Senado el próximo 6 de agosto. Según sostuvo, la iniciativa implicaría una flexibilización de las regulaciones que actualmente limitan la adquisición de tierras rurales por parte de capitales extranjeros.

La edil afirmó que la actual Ley de Tierras, sancionada en 2011, no prohíbe la compra de inmuebles por ciudadanos o empresas extranjeras, sino que establece restricciones destinadas a resguardar el territorio y los recursos considerados estratégicos.

"No estamos discutiendo si un extranjero puede comprar una propiedad. Eso ya ocurre. Lo que está en debate es si la Argentina mantiene regulaciones para proteger su soberanía o elimina los pocos límites que todavía existen", expresó.

Romanelli indicó que la legislación vigente fija un límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras por provincia y por municipio. A su entender, el proyecto promovido por el Ejecutivo nacional avanza hacia una mayor flexibilización de esas restricciones, lo que, según advirtió, podría comprometer el control sobre recursos como el agua, los ríos, los lagos, la minería y las áreas petroleras.

La concejal también cuestionó las modificaciones previstas en la Ley de Manejo del Fuego. Explicó que la normativa actual impide cambiar el uso de bosques nativos o humedales afectados por incendios durante un período determinado y consideró que eliminar esas limitaciones podría favorecer desarrollos inmobiliarios o actividades extractivas en zonas que requieren recuperación ambiental.

Además, expresó su preocupación por los cambios propuestos en materia de expropiaciones y desalojos. Señaló que la iniciativa modifica los criterios para declarar la utilidad pública de un bien, dificultando las expropiaciones por parte del Estado, y agiliza los procedimientos de desalojo, lo que —según afirmó— podría impactar especialmente en pequeños productores.

Para Romanelli, el proyecto debe analizarse en el marco de otras reformas impulsadas por el Gobierno nacional, entre ellas el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), al considerar que forman parte de una misma orientación en materia de administración de los recursos naturales.

"Nos quieren hacer creer que esto se trata de defender la propiedad privada, cuando en realidad se eliminan herramientas que el Estado tiene para proteger el territorio nacional. Es un modelo que beneficia a los grandes capitales y pone en riesgo la soberanía sobre nuestras tierras y nuestros recursos", sostuvo.

Por último, convocó a la comunidad a informarse sobre el contenido del proyecto y a seguir el debate legislativo previsto para el 6 de agosto.

"La tierra no es una mercancía. Es parte de nuestra soberanía, de nuestra identidad y del futuro de las próximas generaciones. La Patria no se vende; se defiende", concluyó.