La diputada provincial Agostina Mora presentó un proyecto que busca suspender la aplicación del artículo 22 de la Ley 1782, normativa que permite al Ejecutivo provincial retener fondos coparticipables a los municipios en función de sus deudas con las cajas previsionales y de desarrollo social.

Según Mora, esta medida es necesaria para dar previsibilidad a las comunas y abrir el debate hacia un nuevo esquema de distribución de recursos.

“Hoy los municipios tienen que afrontar todas las obligaciones con cada vez menos fondos, mientras la provincia concentra el 90% de los recursos y no ejecuta políticas públicas que alivien la situación”, señaló la legisladora.

En ese marco, cuestionó que el gobierno de Claudio Vidal destine dinero a sectores de poder y mantenga elevados depósitos en plazos fijos, en lugar de garantizar servicios esenciales y salarios en las comunidades.

Mora advirtió que la eliminación de impuestos coparticipables, como el impuesto al sello, redujo aún más los ingresos municipales. “Si vos querés que los municipios paguen lo que les corresponde, no les saques plata todos los días de su bolsillo. Garantizales mayores recursos y después exigiles más”, expresó.

La diputada sostuvo que la discusión debe avanzar hacia una nueva ley de coparticipación provincial que contemple regalías mineras y otros ingresos hoy no distribuidos. “No es un problema económico-financiero, es un problema de gestión y de prioridades”, afirmó, al tiempo que denunció que la actual administración “pone el dinero en los sectores de poder en contra del pueblo”.

El proyecto de Mora se suma a las demandas de intendentes y marchas municipales que reclaman mayor autonomía y recursos para enfrentar el déficit estructural. La iniciativa podría convertirse en el inicio de un debate más amplio sobre la coparticipación en Santa Cruz.

En paralelo, Mora cuestionó la decisión del Ejecutivo de impulsar jubilaciones compulsivas en el Tribunal Superior de Justicia, afectando principalmente a vocales mujeres de entre 50 y 60 años. Señaló que se trata de un “avasallamiento de poderes” y una intromisión directa del gobierno provincial sobre el Poder Judicial, que deteriora aún más la calidad institucional de la provincia.

“Desde el minuto uno que Vidal asumió, se buscó ampliar de manera extraordinaria el Tribunal y jubilar de prepo a las vocales, desconociendo los procedimientos establecidos por la Constitución. Esto demuestra que la gestión no solo recorta recursos a los municipios, sino que también avanza contra la independencia de la justicia”, advirtió la diputada.

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