La resolución fue dictada tras el juicio oral y público realizado por el caso que investigó el presunto envenenamiento de tres perros en el barrio La Isla de Rawson, mediante la utilización de un pesticida.

La jueza penal Eve Anahí Ponce concluyó que las pruebas presentadas durante el debate no alcanzaron el grado de certeza necesario para atribuirle responsabilidad penal al único acusado, identificado en la causa como Rivas.

En sus fundamentos, la magistrada sostuvo que durante el proceso pudo acreditarse la existencia de un episodio grave y la muerte de los tres animales. Sin embargo, consideró que la acusación no logró demostrar de manera concluyente que el imputado hubiera sido el autor del hecho ni que hubiera participado deliberadamente en la utilización de la sustancia que provocó el fallecimiento de los canes.

La sentencia también analizó la acusación vinculada a un presunto hecho de contaminación ambiental, aunque, según el fallo, tampoco se reunieron los elementos suficientes para establecer la responsabilidad del acusado en ese aspecto.

Ponce remarcó que el juicio oral es la instancia en la que las acusaciones deben ser sometidas a prueba y que corresponde al tribunal evaluar directamente la evidencia para determinar si existe certeza suficiente para dictar una condena.

En este caso, explicó que los testimonios y el resto de los elementos incorporados al debate no permitieron superar la duda razonable respecto de la participación del imputado. La jueza aclaró que esta conclusión no implica desacreditar a los denunciantes ni negar la existencia del hecho investigado, sino que responde a la falta de pruebas suficientes para vincular penalmente a una persona determinada.

Por ese motivo, la magistrada aplicó el principio de inocencia, que establece que toda persona debe ser considerada inocente mientras no exista prueba suficiente que permita acreditar su responsabilidad penal, y resolvió dictar la absolución.

De esta manera, el fallo dejó establecido que, aunque la investigación permitió abordar las circunstancias en las que murieron los tres perros, no pudo determinarse judicialmente, con el nivel de certeza exigido para una condena, quién fue el responsable del envenenamiento.