“No se puede naturalizar la violencia institucional”, señalaron en el comunicado, donde además manifestaron preocupación por la situación de los afiliados y afiliadas de PAMI en Caleta Olivia y Santa Cruz, particularmente ante las dificultades para acceder a medicamentos, atención médica y respuestas.

En este sentido, remarcaron que las personas mayores cuentan con un marco legal de protección, entre ellas la Ley Nacional N° 27.360, que incorpora la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, y la Ley Provincial N° 2.669, de Protección Integral de los Adultos Mayores en Santa Cruz.

Finalmente, expresaron su solidaridad y acompañamiento a los jubilados que atraviesan estas situaciones y reclamaron que “las leyes se respeten”.