El conflicto se originó a partir de un contrato de compra y venta firmado el 26 de enero de 2026, mediante el cual se acordó la venta de un food truck de aproximadamente cuatro metros de largo, dos metros de ancho y dos metros de altura, equipado para desarrollar actividades gastronómicas.

El vehículo incluía sus herrajes e instalaciones, además de distintos elementos destinados a la preparación y comercialización de alimentos, entre ellos una heladera con freezer, una freidora eléctrica, una freidora a gas, mobiliario y una garrafa de 10 kilogramos.

De acuerdo con lo denunciado, el pago total fue establecido en $11.000.000. El acuerdo contemplaba tres cuotas: $5.000.000 para el 10 de marzo, $3.000.000 para el 10 de abril y otros $3.000.000 para el 10 de mayo.

Sin embargo, según manifestó el vendedor, los vencimientos transcurrieron sin que recibiera los pagos establecidos en el contrato. Ante el incumplimiento, el 2 de junio inició un juicio ejecutivo por la deuda mediante su representación legal.

Ahora, además, recurrió a la Justicia Penal para solicitar medidas preventivas sobre el food truck. Puntualmente, pidió que se disponga su secuestro o resguardo hasta que exista una resolución sobre la situación, debido a su preocupación de que el vehículo pueda ser vendido o sometido a modificaciones.

El denunciante aseguró haber localizado actualmente el food truck dentro del patio interno de un domicilio particular. Esta circunstancia fue incorporada a la presentación realizada ante las autoridades.

La denuncia quedó bajo intervención del Juzgado de Instrucción y Penal Juvenil correspondiente, que deberá analizar el planteo y determinar si corresponde adoptar alguna medida de resguardo sobre el vehículo mientras continúa el conflicto judicial por la deuda.