El episodio ocurrió durante la madrugada en la zona de la Avenida Costanera, frente a la cancha de arena, luego de que el servicio de emergencias recibiera un pedido de asistencia por un supuesto atropellamiento. Poco después, un joven se presentó en una dependencia policial con sangrado en el rostro y acompañado por un efectivo policial.

En ese momento, el efectivo habría señalado que el joven había atropellado a su esposa. Sin embargo, el damnificado negó esa versión y aseguró que existían cámaras de seguridad que podrían aportar registros para determinar qué había ocurrido realmente.

En su declaración, el joven relató que circulaba en su vehículo por la zona cuando fue interceptado por otro automóvil. Según manifestó, el conductor descendió y se dirigió hacia la puerta de su vehículo, intentando abrirla mientras golpeaba el vidrio con los puños y le profería insultos.

La situación tomó otro giro cuando la mujer que acompañaba al hombre se habría subido al capot del automóvil y comenzado a grabar con su teléfono celular. Posteriormente, habría descendido o caído al suelo y comenzado a gritar que el conductor había provocado su caída al mover el vehículo.

El joven logró tomar distancia de ambas personas y decidió dirigirse hacia una dependencia policial. Sin embargo, según su relato, al llegar a inmediaciones de una sede policial volvió a ser seguido e interceptado por el mismo hombre, quien habría comenzado a golpearlo nuevamente en el rostro.

Durante ese segundo episodio, el agresor habría exhibido una placa policial que llevaba colocada mediante una especie de collar. Ante la situación, se solicitó la presencia de una ambulancia para asistir al joven, quien posteriormente fue examinado por personal médico.

El certificado médico determinó que presentaba lesiones de carácter leve. El damnificado manifestó que no era su voluntad iniciar una acción penal por las lesiones sufridas.

La situación fue comunicada a la sede judicial interviniente, desde donde se dispuso una medida de prohibición de acercamiento y comunicación del involucrado hacia el damnificado durante un plazo de 30 días.

Las actuaciones fueron remitidas a la Justicia para continuar con el análisis del episodio y determinar las circunstancias en las que se produjo el enfrentamiento.