La discusión por el desarrollo turístico de la Península de Magallanes sumó una voz con historia propia en El Calafate.

Manuel Tobías Lynch cuestionó lo que definió como un “modelo turístico monopólico” que, según sostuvo, durante décadas permitió que determinados actores accedieran a negocios, concesiones e infraestructura mientras otros propietarios permanecían prácticamente imposibilitados de desarrollar sus tierras.

“El tema es poder ampliar la oferta y los oferentes del turismo”, afirmó durante una entrevista radial.

Para Lynch, detrás de parte de la discusión ambiental existe también un debate que El Calafate arrastra desde hace años: quiénes pudieron hacer negocios con el turismo y quiénes quedaron afuera.

“SE QUEDABAN CON TODO”

Lynch fue particularmente crítico al repasar la historia turística de la zona.

Habló de sectores empresariales vinculados al poder que, según su relato, tuvieron acceso a obra pública, concesiones y distintas oportunidades mientras otras familias propietarias encontraban permanentes impedimentos para avanzar.

Incluso sostuvo que durante décadas hubo actores que “se quedaban con todo”.

La definición coincide con lo que ya había planteado públicamente al cuestionar un sistema en el que, desde su perspectiva, las posibilidades económicas fueron concentrándose alrededor de determinados operadores.

Su reclamo no es eliminar los controles ambientales. Por el contrario, plantea que deben existir reglas, estudios ambientales y fiscalización, pero que esas reglas tienen que ser iguales para todos.

LA CORTE SUPREMA YA INTERVINO EN LA DISCUSIÓN

Lynch introdujo además un antecedente central para comprender el conflicto de Península de Magallanes.

“Lo dice la Corte, no lo decimos nosotros”, afirmó.

Y agregó: “Esta es una discusión saldada después de muchos años. Hay que simplemente aplicarlo”.

La referencia es a los fallos dictados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 18 de noviembre de 2021 en causas vinculadas a propietarios de la Península.

En Coihue S.R.L. c/ Santa Cruz, la Corte analizó las restricciones que durante décadas impidieron subdivisiones y proyectos de desarrollo mientras la Provincia no establecía un régimen definitivo de manejo. El máximo tribunal consideró arbitrario mantener indefinidamente ese esquema y sostuvo que las limitaciones al derecho de propiedad debían responder a criterios de razonabilidad y proporcionalidad.

También hubo un pronunciamiento en el caso Apen Aike S.A., referido a restricciones sobre propiedades privadas de la misma zona. Los efectos concretos de esas sentencias corresponden a las partes y situaciones juzgadas, pero constituyen un antecedente relevante respecto de la imposibilidad de mantener prohibiciones indefinidas sin establecer reglas claras de uso y conservación.

DESARROLLO SÍ, PERO CON CONTROLES

La posición de Lynch no supone avanzar sin límites.

Durante la entrevista reclamó estudios de impacto ambiental previos, participación pública, mecanismos de control y cumplimiento de las normas de conservación.

Su planteo es que cuidar el ambiente y permitir nuevos desarrollos turísticos no son necesariamente objetivos incompatibles.

Ese punto aparece también en la decisión adoptada por el Gobierno provincial respecto del proyecto actualmente en discusión.

El Decreto Provincial N.º 0915/2026 exceptuó, “por única vez y con carácter estrictamente excepcional”, la restricción que impedía la operación de venta entre Lacustre del Sud S.A. y ASB Hospitality Calafate SAU para el denominado Master Plan Ecocentro. El mismo decreto establece que la ejecución del proyecto queda sometida al cumplimiento de la legislación ambiental, territorial y de conservación y a los controles del Consejo Agrario Provincial.

El proyecto ya contaba, además, con una Declaración de Impacto Ambiental emitida en 2024 por la Secretaría de Estado de Ambiente, sujeta al cumplimiento de requerimientos técnicos específicos.

“AMPLIAR LA OFERTA Y LOS OFERENTES”

Para Lynch, el punto de fondo excede al proyecto actualmente autorizado.

Lo que reclama es que la posibilidad de invertir no quede restringida siempre a determinados actores.

Por eso su observación sobre el carácter excepcional de la decisión provincial no apunta a impedir el proyecto, sino a discutir por qué ese camino no podría extenderse en el futuro a otros propietarios que presenten iniciativas compatibles con las exigencias ambientales.

Su posición puede sintetizarse de otra manera: no pide cerrar la puerta que acaba de abrirse, sino establecer reglas para que otros también puedan atravesarla.

UNA DISCUSIÓN QUE EXPONE DÉCADAS DE CONCENTRACIÓN

Lynch sostuvo que durante años El Calafate construyó un modelo turístico en el que las oportunidades no estuvieron distribuidas de manera equilibrada.

Cuestionó que hoy algunos sectores se presenten como defensores exclusivos del ambiente cuando, según afirmó, durante décadas pudieron desarrollar actividades, acceder a concesiones y beneficiarse económicamente de un territorio en el que otros propietarios tenían severamente restringidas sus posibilidades.

Por eso insiste en “ampliar la oferta y los oferentes”.

La discusión por Península de Magallanes comienza así a mostrar otra dimensión: ya no se trata únicamente de un proyecto turístico puntual, sino también de qué modelo de desarrollo tendrá El Calafate hacia adelante, quiénes podrán participar de él y bajo qué reglas.

Lynch plantea que el camino debe combinar preservación ambiental, controles efectivos y seguridad jurídica, pero evitando repetir un esquema en el que, según denunció, los negocios y las oportunidades terminaban siempre concentrados en los mismos actores.