El endeudamiento de los trabajadores públicos dejó de ser una cuestión exclusivamente financiera. Cuando el sueldo llega al banco y se va casi por completo en descuentos, cuando una familia tiene que pedir otro préstamo para pagar el anterior o cuando después de trabajar todo el mes quedan apenas unos pesos disponibles, el problema pasa a ser otro: cómo se vive con lo que queda.

Esa fue la situación que Carlos Aparicio llevó al recinto durante la última sesión del Concejo Deliberante de Caleta Olivia, donde cuestionó el denominado Plan de Alivio Financiero y puso el foco en las condiciones en las que se encuentran trabajadores municipales, provinciales, de la salud, la educación, los servicios públicos y las fuerzas de seguridad.

Aparicio relató distintos testimonios que recibió de trabajadores de la localidad. Entre ellos, mencionó el caso de un integrante de las fuerzas de seguridad que cobró $2.454.000 y tuvo descuentos por el mismo monto.

También contó la situación de un trabajador que debía inicialmente $9 millones y que, según el testimonio presentado durante la sesión, después de no poder acceder al programa bajo las condiciones exigidas terminó acumulando una deuda cercana a los $30 millones, con un salario de poco más de $2 millones.
Otro de los casos expuestos fue el de un trabajador municipal al que, después de los descuentos, le quedaron apenas 24 pesos.

“Cuando me hablan de cuidar, yo digo: ¿dónde nos estamos cuidando?”, planteó Aparicio frente a esos ejemplos.

El concejal, sostuvo que estos casos muestran que el problema no se resuelve simplemente refinanciando las deudas. Si un trabajador tiene que dejar de pagar para intentar acceder a un programa, queda en mora y finalmente no reúne las condiciones necesarias para ingresar, el resultado puede ser un endeudamiento todavía mayor.

Por eso, Aparicio presentó tres proyectos para conocer en detalle cómo se instrumentó el Plan de Alivio Financiero y qué condiciones se acordaron para los trabajadores municipales de Caleta Olivia.

Uno de los proyectos solicita al Departamento Ejecutivo Municipal una copia íntegra del Acta Acuerdo de Adhesión al programa. Otro reclama al Gobierno de Santa Cruz la remisión del convenio de intención, acta acuerdo o cualquier otro instrumento relacionado con el acuerdo entre la Provincia, el Municipio, el Banco Santa Cruz y el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales de Caleta Olivia (SOEMCO).


El tercer proyecto está dirigido al Banco Santa Cruz y solicita la documentación suscripta con los distintos actores involucrados.


Pero el pedido de información va más allá de conocer qué se firmó. Aparicio busca saber cuáles serán las condiciones financieras para quienes accedan a la refinanciación: tasa nominal anual, tasa efectiva anual, costo financiero total, plazos, sistema de amortización, períodos de gracia, intereses, impuestos, gastos, comisiones y condiciones para cancelar anticipadamente las deudas.


Uno de los puntos centrales es conocer qué porcentaje del salario podrá quedar comprometido después de la refinanciación y cómo se determinará la capacidad de pago de cada trabajador.


La discusión cobra especial importancia frente a la posibilidad de extender las deudas hasta 120 cuotas. Una cuota mensual más baja puede significar un alivio inmediato, pero también puede prolongar durante años el endeudamiento. Por eso, Aparicio reclamó conocer cuánto terminará pagando cada trabajador y qué parte de su salario seguirá comprometida.


“Acá nadie dice que no se pague. Acá lo que digo yo es que no le saquen al trabajador la deuda de un bolsillo y se la pongan en el otro”, sostuvo durante la sesión.


En esa línea, planteó la necesidad de discutir mecanismos de regularización que contemplen quitas importantes de intereses y permitan a las familias salir del endeudamiento sin volver a caer en un nuevo circuito de préstamos.


El concejal también habló del rol del Banco Santa Cruz como agente financiero y reclamó que el Estado asuma una participación activa frente a una situación que, según los testimonios que llevó al recinto, afecta la posibilidad de los trabajadores de disponer de sus propios ingresos.


“Estamos hablando de familias que no tienen para comer”, sostuvo Aparicio, al advertir que detrás de las tasas, las cuotas y los convenios hay trabajadores que deben elegir qué gastos básicos pueden afrontar después de cumplir con todos los descuentos.


Por eso, insistió en que la discusión no puede quedar limitada a los aspectos técnicos de una refinanciación. “Acá no necesitamos ni argumentos técnicos ni jurídicos, acá lo que necesitamos es sensibilidad, humanizar la política”, expresó.


Los tres proyectos buscan obtener información sobre el acuerdo y sus condiciones, pero también instalar una discusión más amplia sobre el desendeudamiento de las familias trabajadoras.


“El punto de partida es otro: Necesitamos que el trabajador recupere la dirección de su salario”, cerró.