Un grave conflicto institucional atraviesa al municipio de El Chaltén luego de que la Justicia de Santa Cruz impusiera una restricción de acercamiento de 200 metros al intendente Néstor Ticó, tras una denuncia por hostigamiento y agresiones presentada por la concejal opositora Elizabeth Romanelli. Pese a la medida judicial, el jefe comunal se presentó este viernes en el Concejo Deliberante y permaneció a escasa distancia de la edil, quien posteriormente realizó una denuncia penal por presunto incumplimiento de la orden.

La causa se encuentra bajo el expediente N.º 4555/2026 y tramita en el Juzgado de Familia de El Calafate, a cargo del juez Alberto Abel Ludueña. El conflicto se habría iniciado luego de que Romanelli cuestionara públicamente la gestión del Centro de Acopio de Residuos Inorgánicos (CARRI) de El Chaltén.

De acuerdo con lo expuesto en la denuncia, después de esos cuestionamientos, Ticó habría realizado comentarios descalificadores sobre el cuerpo de la concejal, situación que derivó en una serie de ataques y hostigamientos en redes sociales.

La Justicia impuso una restricción de 200 metros

Ante la presentación judicial, el magistrado dispuso una serie de medidas de protección para la concejal. Entre ellas, estableció la prohibición de acercamiento del intendente a menos de 200 metros, el cese de cualquier forma de hostigamiento, ya sea por vía telefónica o mediante terceras personas, y la prohibición de realizar publicaciones en redes sociales que hagan referencia a Romanelli.

La disposición tiene una vigencia de seis meses y establece que un eventual incumplimiento podría derivar en consecuencias penales por el delito de desobediencia judicial.

Tras conocerse la resolución, Romanelli se refirió a las situaciones que atravesó luego de sus cuestionamientos a la gestión municipal. “Soy una mujer adulta, tengo 52 años, y pasé todo un fin de semana viendo cómo se opinaba sobre mi cuerpo y se atacaba mi físico a partir de los comentarios del Intendente”, manifestó.

En ese sentido, sostuvo que la actividad política debe desarrollarse desde el intercambio de ideas y el respeto, sin recurrir a agresiones personales. “La política debe volver a ser una herramienta de diálogo, no un espacio para la descalificación personal ni el amedrentamiento”, agregó. La edil cuenta con el patrocinio de la Defensoría Pública.

La concejal denunció un incumplimiento en el Concejo Deliberante

El conflicto tuvo un nuevo episodio este viernes 13 de noviembre, cuando Romanelli se presentó en el Concejo Deliberante para participar de una audiencia pública vinculada al loteo privado “Kaiken Sur”.

Al ingresar al recinto, encontró al intendente Néstor Ticó sentado en el lugar, a pesar de la restricción de acercamiento vigente. Según relató, el jefe comunal se encontraba a aproximadamente medio metro de distancia, por lo que decidió retirarse del edificio y dirigirse al Juzgado de Paz.

Posteriormente, fue derivada a la comisaría local, donde radicó una denuncia penal por el presunto incumplimiento de la medida judicial.

Romanelli también cuestionó el accionar de la presidenta del Concejo Deliberante, Estefanía Leyes, a quien señaló por la manera en que se organizó la actividad, pese a que el cuerpo legislativo había sido notificado de la restricción desde el 22 de octubre. “Esto se manejó muy mal. Me sentaron a medio metro del agresor, me tuve que levantar e irme de mi propio lugar de trabajo. No tiene mirada de género en absoluto ni solidaridad”, expresó la concejal.

Por otro lado, antes de que la Policía de Santa Cruz interviniera para retirarlo del lugar, un secretario municipal habría argumentado verbalmente que el juez había emitido una nota que habilitaba a Ticó a compartir actos protocolares. Sin embargo, según lo manifestado por Romanelli, ni ella ni la Defensoría Oficial tenían conocimiento de la existencia de ese documento, cuyo alcance tampoco había sido informado a la concejal.