Un reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación generó un fuerte impacto normativo con impacto directo en el mapa territorial de Santa Cruz y la región patagónica. Este martes, el máximo tribunal revocó la sentencia que mantenía frenada la derogación de la Ley de Tierras (Ley 26.737), disponiendo en la práctica que ya no existen límites de hectáreas para la venta de estancias rurales y áreas de frontera a personas, empresas o Estados extranjeros.

Con esta resolución, recobra vigencia el artículo 154 del megadecreto 70/2023 impulsado por el presidente Javier Milei al inicio de su gestión.

El revés judicial a los veteranos de Malvinas

La derogación había sido frenada inicialmente gracias a una presentación de inconstitucionalidad promovida por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM). Los veteranos argumentaron que la eliminación de la ley atentaba contra la soberanía nacional que ellos defienden en sus estatutos. La Sala III de la Cámara Federal platense les había dado la razón, ordenando restituir la ley bajo el argumento de que la soberanía es "un bien colectivo".

Sin embargo, los jueces de la Corte Suprema —Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti— revocaron el fallo alegando "falta de legitimación" de los excombatientes. En su escrito, los magistrados determinaron que la soberanía territorial es "uno de los elementos constitutivos del Estado" y no puede ser considerada un "derecho de incidencia colectiva" que cualquier agrupación pueda reclamar judicialmente.

Aclararon, además, que esta decisión no supone un juicio sobre la validez constitucional de fondo del DNU de Milei, sino una desestimación técnica de quienes iniciaron la demanda.

Consecuencias directas para la geografía de Santa Cruz

La caída definitiva de la Ley de Tierras impacta fuertemente en provincias con amplias superficies rurales y recursos estratégicos, como Santa Cruz. Hasta antes del DNU, existía un límite claro: la tenencia de tierras por parte de extranjeros no podía superar el 15% a nivel nacional, provincial o departamental, y ningún titular foráneo podía adquirir más de 1.000 hectáreas en la "zona núcleo" (o sus equivalentes en la Patagonia).

Al respecto, el constitucionalista Andrés Gil Domínguez advirtió sobre el nuevo escenario que se abre: “A partir del fallo, cualquier persona física o jurídica extranjera o cualquier Estado extranjero pueden comprar toda la tierra rural a donde quieran -incluidas las zonas de frontera- sin límite alguno”.

Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti

El antecedente legislativo frenado por las provincias

La decisión judicial otorga al Gobierno Nacional una victoria que no había podido conseguir en el ámbito legislativo. El mes pasado, la Casa Rosada intentó introducir la reforma a la Ley de Tierras a través del Congreso. Sin embargo, el 5 de agosto el oficialismo debió retirar el capítulo sobre la propiedad privada que el Senado se disponía a debatir.

El quiebre de esa iniciativa se dio tras el anuncio público de rechazo por parte de tres gobernadores, incluyendo la fuerte presión del mandatario neuquino Rolando Figueroa. Sin ese consenso, el límite histórico del 15% seguía en pie. Hoy, con la firma del máximo tribunal y la vigencia del artículo 154, todas esas barreras han quedado oficialmente eliminadas.

Fuente: La Nación.