La Justicia Federal de Santa Cruz condenó a un joven de Río Gallegos por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, luego de una investigación que permitió acreditar la existencia de una red de venta de drogas que operaba desde una vivienda y mediante entregas a domicilio.

El proceso terminó mediante un juicio abreviado, instancia en la que el acusado reconoció su responsabilidad frente a la evidencia reunida durante la investigación. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz resolvió imponerle una pena de cuatro años de prisión efectiva.

La investigación había comenzado en agosto de 2024, a partir de una denuncia anónima que advertía sobre la presunta comercialización de drogas en un domicilio de la capital santacruceña. A partir de esa información, efectivos de la División Narcocriminalidad realizaron tareas de vigilancia y seguimiento.

Durante esas diligencias, los investigadores detectaron un movimiento frecuente de personas que llegaban hasta la vivienda, realizaban intercambios y se retiraban. Además, establecieron que los involucrados utilizaban un automóvil familiar para realizar entregas de estupefacientes bajo una modalidad similar a un servicio de delivery.

Uno de los elementos centrales de la investigación fue la intervención de las comunicaciones del principal acusado. Las pericias realizadas posteriormente sobre los mensajes de WhatsApp permitieron incorporar conversaciones relacionadas con pedidos, entregas y comercialización de estupefacientes.

Los intercambios registrados mostraban pedidos reiterados de distintas cantidades de droga y conversaciones vinculadas con pagos y deudas.

La investigación también detectó conversaciones en las que se analizaba la posibilidad de utilizar un emprendimiento comercial como una fachada para justificar ingresos provenientes de la actividad ilícita.

Con estos elementos reunidos, el 24 de octubre de 2025 se concretaron allanamientos simultáneos en un domicilio y en vehículos vinculados con la investigación.

Durante los procedimientos, los investigadores secuestraron dinero en efectivo, marihuana, un cuchillo con restos de polvo blanco, recortes de nylon y dos balanzas de precisión.

El principal hallazgo se produjo dentro de un automóvil Volkswagen Polo. Debajo del asiento del acompañante fue encontrado un paquete compacto envuelto en cinta, cuyo contenido posteriormente fue sometido a las pericias correspondientes.

El análisis determinó que se trataba de 1.012,25 gramos de cocaína, además de 32,23 gramos de cannabis sativa. Según la información incorporada al expediente, la cantidad de cocaína podía ser fraccionada en más de 9.300 dosis.

Durante el proceso judicial, el principal acusado intentó desvincular de la actividad a su hermano menor y sostuvo que no tenía participación en la comercialización de drogas.

El hermano, por su parte, también negó conocer las actividades que desarrollaba el acusado y aseguró que las ocasiones en las que habían utilizado juntos el vehículo habían sido para salir o trasladarse.

Tras analizar las pruebas reunidas y las responsabilidades individuales, el Tribunal determinó que el mayor de los hermanos tenía el rol principal dentro de la comercialización, mientras que el menor fue considerado partícipe secundario.

De esta manera, el principal acusado recibió cuatro años de prisión efectiva, mientras que su hermano fue condenado a dos años de prisión en suspenso, además de reglas de conducta que incluyen presentaciones periódicas y restricciones vinculadas al consumo de alcohol y drogas en espacios públicos.

Finalmente, la Justicia también dispuso la incineración de la droga secuestrada y el decomiso definitivo del vehículo utilizado en la actividad investigada.