Un hombre hallado muerto con medio kilo de cocaína destapó la red de narcolavado vinculada a Báez

La investigación que derivó en 27 allanamientos en Santa Cruz y Buenos Aires comenzó en abril, tras el hallazgo del cuerpo de Carlos Mauricio Aducio en una vivienda de Río Gallegos. El análisis de su teléfono celular permitió descubrir presuntas conexiones entre el tráfico de drogas, transferencias de dinero y una estructura financiera que operaba desde Buenos Aires hacia la Patagonia.

La megacausa federal por narcotráfico y lavado de activos que sacudió a Santa Cruz durante los últimos días tuvo un origen inesperado: el hallazgo de un hombre sin vida en una vivienda de Río Gallegos, donde los investigadores encontraron más de medio kilo de cocaína. El elemento que terminó convirtiendo aquel procedimiento en el punto de partida de una investigación de mayor alcance fue un teléfono celular secuestrado en el lugar.

El episodio ocurrió en abril de este año, en un domicilio ubicado sobre la calle Joaquín González al 500, en el barrio Los Pioneros. Carlos Mauricio Aducio, un vecino de poco más de 40 años, llevaba varios días sin mantener contacto con sus allegados, quienes finalmente alertaron a las autoridades.

Cerca de las 18, efectivos de la División Comisaría Tercera ingresaron a la vivienda y encontraron el cuerpo del hombre sobre una cama. Las circunstancias del hallazgo y la ausencia de signos evidentes de violencia motivaron la intervención de personal de Criminalística, que realizó las primeras pericias para determinar qué había sucedido.

Durante la inspección del inmueble, los efectivos encontraron una cantidad importante de clorhidrato de cocaína, cuyo pesaje superaba el medio kilogramo. El descubrimiento modificó el rumbo del procedimiento y motivó la intervención de la División Narcocriminalidad, mientras que la Justicia Provincial y la Fiscalía Federal iniciaron actuaciones en sus respectivas jurisdicciones.

En un primer momento, las condiciones en las que había sido encontrado el cuerpo llevaron a considerar distintas hipótesis, entre ellas una posible muerte violenta. Sin embargo, los resultados de la autopsia descartaron la intervención de terceras personas.

Según las conclusiones forenses difundidas en ese momento, Aducio falleció como consecuencia de un shock hipovolémico provocado por una gastritis hemorrágica severa, cuadro que se habría agravado por enfermedades preexistentes, entre ellas cirrosis y obesidad mórbida. De esta manera, se determinó que el deceso se produjo por causas naturales.

Mientras la investigación sobre el fallecimiento quedó esclarecida, el expediente federal por el hallazgo de la droga continuó avanzando. Los investigadores comenzaron a analizar el material incautado y centraron especial atención en el teléfono celular del hombre, cuyo contenido terminó aportando información clave sobre una presunta red de distribución de estupefacientes.

El fiscal federal de Río Gallegos, Julio Zárate, confirmó la importancia que tuvo ese dispositivo para orientar la pesquisa. “En ese momento, cuando se encontró medio kilo de cocaína, lo más importante fue el celular porque, a raíz de las averiguaciones, dio cuenta de la red de tráfico que nos sirvió para sustentar la investigación; se veía la red de tráfico, las transferencias de dinero, de la red de tráfico de Buenos Aires para que los fondos lleguen acá”, explicó.

A partir del análisis de las conversaciones y los movimientos financieros registrados en el teléfono, los investigadores comenzaron a reconstruir conexiones entre personas de Santa Cruz y Buenos Aires. La información permitió seguir presuntas transferencias de dinero, identificar vínculos entre distintos operadores y avanzar sobre el circuito de comercialización de drogas.

Con el correr de los meses, la pesquisa dejó de concentrarse únicamente en el cargamento encontrado en la vivienda de Aducio y comenzó a revelar una estructura de mayores dimensiones. Los investigadores profundizaron el análisis de las operaciones económicas y de la posible utilización de bienes y vehículos para introducir en el circuito legal dinero proveniente del narcotráfico.

Ese trabajo fue uno de los antecedentes que condujeron a los 27 allanamientos simultáneos realizados durante noviembre en Río Gallegos, El Calafate, establecimientos rurales del interior santacruceño y distintos puntos de Buenos Aires. Los procedimientos derivaron en el secuestro de droga, documentación, dispositivos electrónicos y vehículos, además de numerosas detenciones.

La investigación también incorporó presuntas maniobras de lavado de activos vinculadas con el entorno del empresario Lázaro Báez. La Fiscalía sostiene que existían conexiones entre operadores relacionados con el narcotráfico y personas que habrían intervenido en la administración de bienes y movimientos económicos bajo investigación judicial.

De acuerdo con el balance de los operativos mencionado en la publicación, se incautaron poco más de un kilogramo de marihuana y alrededor de 700 gramos de cocaína. Además, se dictaron medidas de prisión preventiva para varios de los acusados, entre ellos Báez, su pareja Claudia Insaurralde y otros colaboradores, según la información difundida sobre las actuaciones.

Así, lo que comenzó con un procedimiento policial en una vivienda del barrio Los Pioneros terminó convirtiéndose en una de las investigaciones federales de mayor repercusión reciente en Santa Cruz. El teléfono de un hombre fallecido permitió abrir una línea de investigación que, meses después, derivó en el descubrimiento de una presunta red de tráfico de drogas y lavado de dinero con conexiones interprovinciales.

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