En Santa Cruz, y con alcance directo sobre las localidades de la Zona Norte y Sur, el Gobierno Provincial avanza en la adecuación de sus dispositivos institucionales al nuevo Régimen Penal Juvenil —implementado en septiembre—, con el objetivo central de sostener en 0% el índice de adolescentes infractores a la ley penal privados de su libertad. El esquema de trabajo es coordinado junto al Gobierno Nacional, el Poder Judicial y las áreas locales para unificar protocolos de actuación, fortalecer las medidas alternativas al encierro y acompañar tanto a las familias como a las víctimas.

La subsecretaria de Protección Integral de Niñez, Adolescencia y Familia de la provincia, Melisa Peralta, explicó que los equipos técnicos de la Dirección Provincial específica iniciaron las tareas preparatorias en el mes de enero, intensificando el despliegue territorial tras la entrada en vigencia del nuevo marco normativo en septiembre.

“Tenemos que establecer como Gobierno Provincial algunos acuerdos y protocolos para poder seguir manteniendo el índice 0% de adolescentes infractores a la ley penal en privación de libertad, que eso es lo más importante para nosotros”, sostuvo la funcionaria.

Capacitaciones en Zona Norte y Sur y análisis de comisarías especializadas

Como parte de la readecuación operativa en el interior santacruceño, la cartera provincial llevó adelante jornadas de capacitación en las zonas Norte y Sur de Santa Cruz, convocando en una misma mesa a autoridades municipales, representantes del ámbito judicial y equipos profesionales de Salud y Educación.

Estos encuentros permitieron trazar un diagnóstico de los recursos disponibles en cada comarca y avanzar en criterios comunes sobre los procedimientos de aprehensión de adolescentes, garantizando intervenciones estrictamente diferenciadas respecto del sistema de justicia para adultos.

En ese punto, Melisa Peralta adelantó que se encuentra bajo análisis la preparación de comisarías especializadas para la atención de adolescentes, así como la apertura de oficinas específicas dentro de los organismos locales de protección para brindar contención tanto a jóvenes en conflicto con la ley penal como a víctimas menores de edad. Todo el dispositivo se articula con la normativa provincial de protección de derechos y la Ley Nacional de Salud Mental.

Convenio con Nación, estadísticas y planificación diferenciada hacia 2027

En paralelo al trabajo en las localidades, la Provincia firmó un convenio con el Gobierno Nacional —actualmente en proceso administrativo de ratificación— que prevé la incorporación de un supervisor y el acceso antes de fin de año a sistemas informáticos y estadísticos nacionales.

“Estamos trabajando con el Gobierno Nacional para poder tener estadísticas y una gestión administrativa en relación a los sistemas que nos puedan dar datos más certeros”, detalló Peralta, quien también destacó el trabajo conjunto con la Defensoría de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y el Comité de Trata y Violencias.

Con esos datos consolidados, el Ejecutivo elabora una previsión presupuestaria para el ejercicio 2027, contemplando las limitaciones de financiamiento y la disparidad de recursos entre los distintos municipios. Asimismo, la agenda incluye la participación en una Mesa Federal y una capacitación específica sobre violencia en entornos digitales contra niños, niñas y adolescentes.

Al referirse a la realidad diversa del territorio santacruceño, la subsecretaria remarcó que no existe una receta única: “Nuestra mirada está puesta fuertemente en el plan de abordaje que cada localidad debiera darle, atendiendo a cada problemática que es distinta: en el norte, en el centro y en el sur de la provincia”.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz.