En Río Gallegos y con impacto directo en las familias de toda la provincia de Santa Cruz, jubilados, pensionados y trabajadores en actividad denuncian retenciones bancarias que alcanzan hasta el 100% de sus haberes mensuales, dejándolos con las cuentas en cero al momento de percibir sus ingresos. Así lo confirmó la abogada Miriam Ramírez Boll en diálogo con El Caletense Radio , quien anticipó que ya se encuentran organizando una demanda colectiva contra el Banco Santa Cruz ante la falta de respuestas estructurales y el agotamiento del denominado plan de alivio financiero.

Débitos totales en octubre e incumplimiento de compromisos en el Banco Santa Cruz

La problemática de los descuentos compulsivos por deudas de préstamos y tarjetas de crédito vuelve a golpear con fuerza el bolsillo de los trabajadores santacruceños en un contexto de alto costo de la canasta básica patagónica. Según detalló Miriam Ramírez Boll a los micrófonos de FM 98.5, durante el mes de octubre se registraron nuevamente casos de titulares a los que la entidad les absorbió la totalidad del salario o haber jubilatorio depositado.

La letrada advirtió que la situación reviste especial gravedad porque entre 10 y 12 personas a las que ya había patrocinado legalmente volvieron a sufrir el vaciamiento de sus cuentas sueldo, a pesar de haber presentado reclamos formales previos y contar con respuestas del propio banco donde se comprometía a frenar los débitos automáticos.

"Afecta a cientos de familias en Santa Cruz, tanto del sector pasivo como de trabajadores activos. La gente tiene voluntad de pago y quiere cumplir con sus obligaciones, pero se encuentra con propuestas de refinanciación cuyas cuotas son imposibles de afrontar", explicó la profesional, detallando que tras los descuentos muchos hogares quedan con apenas 200.000 o 300.000 pesos disponibles para subsistir durante todo el mes.

El balance del Plan de Alivio Financiero y el reclamo a Defensa del Consumidor

Durante la entrevista en El Caletense Radio, Ramírez Boll puso bajo la lupa los resultados reales del plan de alivio financiero implementado meses atrás, al cual se habían adherido alrededor de 5.700 trabajadores activos y jubilados de la provincia.

De acuerdo con el relevamiento de la abogada, la medida funcionó únicamente como un paliativo transitorio: tras un breve período inicial de descompresión, las tasas y la estructura de los compromisos provocaron que las familias volvieran a acumular atrasos e imposibilidad material de llegar a fin de mes, agravando el cuadro social y emocional de los deudores.

Frente a este escenario, la representante legal exigió una intervención activa por parte de la Subsecretaría de Defensa del Consumidor de Santa Cruz:

Aplicación de la Ley Provincial 3604: Ramírez Boll recordó que el marco normativo provincial vigente dota al organismo de herramientas específicas para intervenir, auditar y frenar abusos en este tipo de conflictos financieros que comprometen el carácter alimentario del salario.

Pedido de informes públicos: Planteó la necesidad de transparentar las estadísticas oficiales para conocer cuántos reclamos formales se presentaron en toda la provincia contra el Banco Santa Cruz y qué resoluciones concretas obtuvieron los usuarios afectados.

Estado de situación y organización de los damnificados:

Actualmente, el equipo legal encabezado por la Dra. Ramírez Boll continúa reuniendo recibos de sueldo, resúmenes de cuenta y documentación respaldatoria de trabajadores y jubilados de distintas localidades santacruceñas para formalizar la presentación de la demanda colectiva. El objetivo central de la presentación judicial es establecer un tope legal estricto a las retenciones mensuales, garantizando un esquema de pago que no vulnere el sustento básico familiar.

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