El caso de la familia que habría permanecido durante años en condiciones de encierro en Esquel sumó un nuevo capítulo. Miguel Battista, el bioquímico de 71 años detenido e imputado por presunta privación ilegítima de la libertad y abandono de persona agravado, habló por primera vez ante la prensa y rechazó las acusaciones en su contra.

“Mi versión de los hechos es que es una gran persecución”, manifestó el hombre ante un medio local, mientras aguardaba su traslado a la salida de los tribunales. Durante sus declaraciones también cuestionó a los vecinos que alertaron a las autoridades sobre la situación de su familia.

“Recibí más afecto en prisión que con mis vecinos”, expresó Battista, quien permanece alojado en una dependencia policial de Trevelin mientras avanza la investigación.

Por su parte, su abogado solicitó el cese de la prisión preventiva y argumentó que los tres hijos del imputado declararon mediante Cámara Gesell que no estaban privados de su libertad. Esos testimonios deberán ser evaluados por la Fiscalía junto con las demás pruebas incorporadas al expediente.

La imputación contra Battista contempla, de manera provisoria, los delitos de abandono de persona agravado por el vínculo, en concurso ideal con privación ilegítima de la libertad. La calificación podría modificarse a medida que avancen las pericias y se conozcan nuevos elementos.

La causa se inició el 10 de octubre, luego de que vecinos manifestaran preocupación por distintas situaciones que ocurrían en una vivienda de Esquel. Entre las advertencias figuraban olores provenientes del inmueble, ventanas cubiertas, escasos movimientos durante el día y presuntos gritos durante la madrugada.

También señalaron que la mujer y los tres hijos de la pareja casi no eran vistos fuera de la propiedad. Ante esas alertas, intervino el Equipo Técnico Interdisciplinario del Juzgado de Familia, cuyos integrantes intentaron ingresar para evaluar las condiciones de vida de los habitantes, pero no habrían obtenido autorización.

El 22 de octubre se concretó un allanamiento que terminó con la detención del hombre y la asistencia de su pareja, de 41 años, y sus tres hijos, de 19, 17 y 13 años.

Los cuatro fueron retirados de la vivienda y quedaron bajo intervención de profesionales médicos y equipos de acompañamiento psicológico. Desde entonces, la Justicia busca establecer si podían salir libremente del domicilio, cómo era la convivencia y durante cuánto tiempo se habría prolongado la situación denunciada.

La hipótesis inicial sostiene que las condiciones investigadas podrían haberse extendido durante aproximadamente cuatro años, aunque ese período todavía debe ser corroborado.

Entre las principales medidas judiciales se encuentran las entrevistas realizadas a los tres hijos mediante Cámara Gesell. Según la versión de la defensa, los jóvenes manifestaron que no estaban privados de su libertad.

La Fiscalía deberá analizar esas declaraciones junto con los testimonios de vecinos, las evaluaciones profesionales y los elementos secuestrados durante el allanamiento.

También se ordenaron pericias vinculadas con la salud mental del imputado y el análisis de dispositivos electrónicos, con el objetivo de reconstruir las comunicaciones y actividades relacionadas con el domicilio.

Battista había quedado inicialmente bajo prisión preventiva por diez días. Su defensa pidió que esa medida sea revisada, mientras el Ministerio Público Fiscal continúa reuniendo pruebas para determinar las responsabilidades que podrían corresponder.

La investigación permanece abierta y todavía no existe una resolución definitiva sobre los hechos denunciados.