Un nuevo frente de conflicto institucional sacude a la Justicia de Santa Cruz luego de que el dirigente social y sindical Roberto Bucarey presentara formalmente un pedido de juicio político contra el ex presidente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Daniel Mariani. La denuncia, que ingresó a la Cámara de Diputados el pasado 2 de octubre con el acompañamiento de 500 firmas, expone presuntas irregularidades graves en la selección de magistrados y acusa una evidente falta de independencia en el Poder Judicial provincial.

En un mano a mano exclusivo con el programa Aquí y Ahora por El Caletense Radio, Bucarey detalló los motivos que impulsaron esta medida extrema, apuntando directamente al manejo político de las designaciones. Entre los argumentos centrales del expediente, el dirigente hizo foco en las presuntas anomalías durante el concurso 115 del Consejo de la Magistratura, el cual estaba destinado a cubrir tres cargos clave de jueces con jurisdicción en la Cuenca Carbonífera, Puerto Deseado y Puerto Santa Cruz.

El Concurso 115 y las listas anticipadas


La acusación más fuerte vertida en los micrófonos de la radio apuntó a la transparencia del proceso de selección. Según relató Bucarey, 24 horas antes de que se conociera oficialmente el dictamen del Consejo de la Magistratura, él ya había recibido información exacta sobre quiénes integrarían la nómina de los cinco candidatos y en qué orden de mérito quedarían ubicados.

El dirigente sostuvo que ese listado extraoficial coincidió milimétricamente con el resultado que posteriormente publicó el organismo oficial. Para Bucarey, esta filtración evidencia la existencia de un acuerdo político sellado a espaldas de la comunidad para digitar las designaciones judiciales en zonas estratégicas de la provincia.

Blindaje judicial y el rol de la Cámara de Diputados

Otro de los cuestionamientos severos estuvo dirigido a los presuntos vínculos internos de Mariani. Bucarey denunció un "blindaje judicial" sistemático y cuestionó que el ex titular del TSJ haya respaldado a magistrados que arrastraban denuncias o severos cuestionamientos por su desempeño, citando como ejemplo el caso de la ex jueza Bettina Bustos.

Asimismo, se incorporó a la denuncia el hecho de que Mariani habría continuado firmando documentación en calidad de presidente del Tribunal Superior de Justicia incluso después de haber sido desplazado orgánicamente de ese cargo por otros vocales del cuerpo.

El expediente se encuentra ahora en manos del Poder Legislativo. Aunque Bucarey aclaró que no mantuvo negociaciones previas con los legisladores, la Sala Acusadora deberá reunirse el próximo 11 de noviembre para definir si da curso a la investigación institucional.

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