La familia de Carlos Alberto Coronel, uno de los tres policías imputados por la muerte de Gilmar Claros Ferrel, de 35 años, difundió un comunicado público para expresar su postura sobre la investigación judicial y cuestionar algunas coberturas periodísticas del caso.

El hombre falleció luego de permanecer bajo custodia policial en la Comisaría Séptima de Río Gallegos. A partir de lo ocurrido, tres efectivos quedaron imputados y la causa continúa bajo investigación para establecer las circunstancias del procedimiento y las responsabilidades individuales.

En el documento difundido a través de redes sociales, los familiares de Coronel manifestaron su respeto por Claros Ferrel y expresaron su acompañamiento a sus allegados ante la pérdida. Al mismo tiempo, señalaron que la investigación debe contemplar las distintas intervenciones de los policías involucrados, sin presentar sus actuaciones como si hubieran sido iguales.

Uno de los principales planteos estuvo relacionado con la dependencia policial a la que pertenece Coronel y las circunstancias en las que se incorporó al operativo. Según explicaron sus familiares, el efectivo integra el Comando Radioeléctrico de Río Gallegos y no forma parte de la dotación de la Comisaría Séptima.

“Su incorporación al operativo se produjo a partir de un requerimiento de apoyo solicitado por el personal policial que ya se encontraba interviniendo en el lugar”, indicaron.

A partir de esa aclaración, sostuvieron que resulta necesario reconstruir de manera precisa el desarrollo del procedimiento y determinar qué intervención tuvo cada uno de los efectivos en los acontecimientos que terminaron con el fallecimiento del hombre.

La familia también hizo referencia a la trayectoria profesional de Coronel, quien cuenta con varios años de servicio en la institución y se encuentra próximo a culminar su carrera. Mencionaron su formación y experiencia en tareas de seguridad, reducción e intervención urbana, aunque aclararon que esos antecedentes no deberían condicionar el análisis judicial de los hechos.

“Nuestra intención no es adelantar declaraciones, ofrecer una reconstrucción paralela de los hechos ni interferir en la investigación”, expresaron.

Otro de los puntos centrales del comunicado estuvo dirigido al tratamiento mediático y a la repercusión política y social que alcanzó el caso. Los familiares advirtieron que la difusión de versiones sin el contexto necesario y las generalizaciones pueden instalar conclusiones anticipadas mientras la investigación todavía se encuentra en desarrollo.

En ese sentido, reclamaron que la Justicia pueda avanzar con independencia, sin condicionamientos externos y sobre la base de las pruebas y los testimonios incorporados a la causa.

“La Justicia no puede convertirse en una respuesta a la presión de los titulares, al clima social ni a las necesidades políticas del momento”, señalaron.

Finalmente, remarcaron que no buscan establecer anticipadamente responsabilidades o inocencias, sino que cada uno de los imputados tenga garantizado el derecho a que su actuación sea examinada de manera individual.

“No pedimos privilegios ni un trato diferencial. Pedimos que se informe con responsabilidad, que no se confunda imputación con culpabilidad y que se respete el derecho de cada persona a que su actuación sea analizada de manera individual”, concluyeron.

Mientras tanto, la investigación por la muerte de Gilmar Claros Ferrel continúa en el ámbito judicial, con tres efectivos imputados y la necesidad de esclarecer las circunstancias del procedimiento policial ocurrido en la Comisaría Séptima.