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“El Clan” de Lázaro Báez: las escuchas, el narcolavado y la caída de su estructura patrimonial
Una megacausa federal investiga una presunta organización que habría administrado bienes embargados al empresario y, en paralelo, canalizado dinero proveniente del narcotráfico. La investigación detectó movimientos por casi $391 millones en ocho meses, derivó en 27 allanamientos y dejó a nueve de los 16 imputados bajo prisión preventiva.
- Por El Caletense | 15/11/2026
La investigación federal que sacudió a Santa Cruz en los últimos días expuso una presunta estructura de administración patrimonial y lavado de activos vinculada al entorno de Lázaro Báez. El expediente, que reúne dos investigaciones conexas, reconstruyó el funcionamiento de una organización identificada como “El Clan” y sus posibles conexiones con una red dedicada al narcotráfico y al movimiento de dinero mediante billeteras virtuales.
La causa se tramita en el Juzgado Federal de Garantías de Río Gallegos, a cargo del juez Claudio Marcelo Vázquez, y cuenta con la intervención de la Unidad Fiscal Río Gallegos, encabezada por el fiscal federal Julio Zárate, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y el fiscal Diego Velasco.
De acuerdo con la hipótesis de la Fiscalía, la estructura habría continuado administrando estancias, propiedades, cuentas y otros bienes vinculados al patrimonio de Báez, pese a las restricciones judiciales que pesan sobre el empresario. En este entramado, uno de los principales operadores señalados es Cristian Sebastián Ibáñez, conocido como “Budín”, quien habría funcionado como nexo entre distintos integrantes de la organización.
Los investigadores diferenciaron dos expedientes: uno centrado en la administración de los bienes embargados y otro relacionado con el narcotráfico y el presunto lavado de dinero obtenido mediante la comercialización de cocaína. En este último tramo, la Fiscalía sostiene que se habrían utilizado billeteras virtuales y operaciones financieras sin respaldo para introducir los fondos en el circuito económico.
La investigación también estableció una distinción judicial importante: ni Lázaro Báez ni su pareja, Claudia Insaurralde, fueron imputados en la causa por estupefacientes. La hipótesis fiscal respecto de ambos está vinculada con la presunta administración de bienes que se encontraban bajo control judicial.
Uno de los elementos centrales del expediente son las conversaciones telefónicas incorporadas durante las audiencias. En ellas, Báez habría impartido instrucciones sobre el manejo de establecimientos rurales, la designación de administradores y la supervisión de determinadas actividades. En una de las comunicaciones citadas en la investigación, el empresario afirmó: “El dueño de la historia acá soy yo y, si no les gusta, me decís y terminamos el contrato acá”.
Los registros también reflejarían tensiones entre Insaurralde y el operador conocido como “Budín” por el control de las actividades y la distribución de responsabilidades. Los investigadores reconstruyeron intercambios sobre cuentas pendientes, movimientos de dinero y acuerdos vinculados con establecimientos rurales.
El avance decisivo se produjo el lunes 9 de noviembre, cuando una alerta de Aerolíneas Argentinas por un equipaje de grandes dimensiones puso bajo observación a Claudia Insaurralde, Ibáñez y Valentina Devetac, quienes habían llegado desde Río Gallegos. Al revisar las valijas, las autoridades encontraron el pasaporte de Báez, dinero en moneda extranjera, teléfonos celulares, tarjetas SIM, un disco rígido, tarjetas bancarias con sus claves y documentación relacionada con rendiciones de cuentas y proveedores.
Al día siguiente, por orden judicial, se realizaron 27 allanamientos simultáneos en distintos puntos de Santa Cruz y Buenos Aires. Los procedimientos alcanzaron domicilios particulares, propiedades vinculadas a la firma Kank y Costilla S.A. y establecimientos rurales.
En una vivienda relacionada con Pedro Nahuel Leal, los investigadores secuestraron 725 gramos de cocaína, más de un kilo de cannabis y balanzas de precisión. En paralelo, durante una requisa en el lugar de detención de Báez, en el Complejo Penitenciario Federal I de Ezeiza, encontraron una hoja manuscrita con el título “EL CLAN”, que contenía una nómina de integrantes de la presunta organización, además de contratos de arrendamiento y listados de deudores.
El documento permitió profundizar la reconstrucción de los roles que habría tenido cada persona dentro de la estructura. La Fiscalía señaló responsabilidades vinculadas con la conducción, el soporte logístico, la actividad agropecuaria, la documentación contable y las operaciones financieras.
Uno de los datos económicos más relevantes surgió del análisis de los movimientos patrimoniales: el flujo de fondos consolidado habría alcanzado los $390.880.000 en apenas ocho meses. Según la acusación, el mecanismo no habría dependido de la creación de sociedades ficticias, sino del aprovechamiento de estructuras empresariales y bienes que ya se encontraban alcanzados por medidas judiciales.
En la investigación por narcotráfico, los fiscales también pusieron bajo la lupa al lubricentro Esperanza Trucks, señalado como un presunto centro de operaciones y resguardo. La acusación sostiene que distintos integrantes de la red habrían movilizado dinero proveniente de la venta de cocaína a través de billeteras virtuales, para luego destinarlo a la adquisición de vehículos de alta gama que eran registrados a nombre de terceros.
Entre los rodados mencionados en el expediente figuran camionetas Toyota SW4, Volkswagen Amarok, una Dodge RAM y un BMW. La presunta maniobra habría permitido incorporar al patrimonio de los involucrados bienes cuyo origen económico no tendría justificación suficiente.
El sábado 14 de noviembre se registraron nuevos avances. Cinco imputados fueron trasladados a la Unidad Penitenciaria N° 15 de Río Gallegos, mientras que en establecimientos rurales próximos a la Ruta Provincial 53 fueron encontrados tres camiones abandonados. Además, otros dos sospechosos fueron detenidos durante allanamientos nocturnos, en los que también se secuestró más droga y otro vehículo BMW.
En el balance de las audiencias de formalización, nueve de los 16 acusados quedaron bajo prisión preventiva por 180 días. Una mujer recibió arresto domiciliario y los seis restantes recuperaron la libertad, aunque sujetos a estrictas reglas de conducta.
Otro de los puntos debatidos fue el pedido de la Fiscalía para que Báez e Insaurralde fueran alojados bajo un régimen penitenciario de alto riesgo. El juez Vázquez rechazó esa solicitud por considerarla prematura, luego de que las defensas cuestionaran la proporcionalidad de la medida y plantearan dificultades para acceder a las actuaciones.
La causa fue declarada compleja, por lo que se estableció un plazo de dos años para desarrollar la investigación y 30 días para completar el inventario de los bienes secuestrados.
En paralelo, la Justicia Federal dispuso avanzar con la liquidación de Austral Agro S.A. y convocó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado para asumir el control del proceso. La medida contempla la subasta de cinco establecimientos rurales y más de mil ovejas, con el objetivo de comenzar a afrontar las multas económicas impuestas en el marco de la causa conocida como la Ruta del Dinero K.
Con las investigaciones todavía en curso, las escuchas incorporadas al expediente, los bienes bajo revisión judicial y varios de los acusados detenidos, la causa abrió un nuevo capítulo en el entramado económico que rodeó durante años al empresario santacruceño.
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