Narcolavado en Santa Cruz: Gendarmería comenzó a peritar documentación secuestrada en Río Gallegos

A diez días de los 27 allanamientos realizados en el marco de la megacausa que investiga presuntas maniobras de narcotráfico y lavado de activos, efectivos federales trasladaron cajas y carpetas hasta la Jefatura de Región VII. Los peritos iniciaron el inventario y la certificación del material, que será incorporado al análisis judicial.

Un nuevo operativo de Gendarmería Nacional se desarrolló este jueves 19 de noviembre en Río Gallegos, en el marco de la investigación federal por presunto narcolavado que involucra distintos movimientos financieros, bienes y propiedades vinculados a una estructura bajo investigación en Santa Cruz.

El dispositivo comenzó alrededor de las 7:30 y contó con la participación de efectivos de la Región VII, el Escuadrón Santa Cruz, la Sección de Vuelo Río Gallegos y especialistas de la Unidad de Criminalística y Estudios Forenses. El objetivo fue brindar apoyo a la Unidad Fiscal local para trasladar y resguardar documentación secuestrada durante los procedimientos realizados diez días atrás.

La carga estaba integrada por numerosas cajas, carpetas y otros elementos probatorios que permanecían bajo custodia de la Fiscalía. Una vez retirados y precintados, los materiales fueron trasladados hasta la sede de la Jefatura de Región VII, donde se acondicionó el Salón de Usos Múltiples para desarrollar las tareas técnicas.

En ese espacio, los peritos comenzaron con las diligencias de desintervención y certificación documental. El procedimiento contempla la apertura de los precintos en presencia de las partes y testigos, el inventario detallado de cada elemento y la verificación de su integridad, con el propósito de preservar la cadena de custodia y garantizar la validez de las pruebas dentro del expediente.

La medida representa una etapa relevante para el avance de la investigación, ya que permitirá organizar y examinar el material que posteriormente será sometido a un análisis financiero y patrimonial. Las actuaciones se desarrollan bajo estrictas medidas de seguridad y reserva, a la espera de nuevas directivas de la Unidad Fiscal.

Una investigación con dos líneas conectadas

La causa, identificada como “Báez y otros s/ lavado de activos”, tramita bajo el expediente 169831/26 en el Juzgado Federal de Garantías de Río Gallegos, a cargo del juez Claudio Marcelo Vázquez. La investigación está impulsada por la Unidad Fiscal local, encabezada por el fiscal federal Julio Zárate, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y el fiscal Diego Velasco.

El expediente comprende dos líneas vinculadas, aunque diferenciadas judicialmente: una relacionada con presuntas maniobras para administrar y disponer de bienes sometidos a medidas judiciales, y otra centrada en el narcotráfico y el supuesto reciclaje de dinero proveniente de la comercialización de estupefacientes.

De acuerdo con la hipótesis fiscal, ambas estructuras habrían compartido operadores y conexiones. En ese contexto, los investigadores analizan movimientos de dinero, propiedades, establecimientos rurales y operaciones realizadas mediante billeteras virtuales.

La investigación tomó impulso el 9 de noviembre, luego de que una alerta vinculada a un equipaje en un vuelo procedente de Río Gallegos derivara en un procedimiento en Buenos Aires. Al día siguiente se realizaron 27 allanamientos simultáneos en Santa Cruz y otras jurisdicciones, donde se secuestraron drogas, dispositivos electrónicos, documentación y distintos elementos considerados de interés para la causa.

Durante esos operativos también se incautaron 725 gramos de cocaína y más de un kilo de cannabis en un domicilio de Río Gallegos. Además, en una requisa realizada en el lugar de detención de Lázaro Báez se habría encontrado una hoja manuscrita con el título “El Clan”, junto con contratos y documentación relacionada con la administración de propiedades.

En las audiencias de formalización del 12 de noviembre fueron imputadas 16 personas en los dos expedientes. Según los datos difundidos sobre la investigación, la estructura patrimonial habría movilizado alrededor de 390,8 millones de pesos en un período de ocho meses.

Al cierre de esa primera etapa, nueve acusados quedaron bajo prisión preventiva por 180 días, una mujer recibió arresto domiciliario y otros seis permanecieron en libertad con reglas de conducta. La situación procesal de cada uno deberá definirse conforme avance la investigación.

En cuanto a la causa por estupefacientes, se aclaró que Lázaro Báez y su pareja, Claudia Insaurralde, no se encuentran imputados en esa línea específica del expediente. La Justicia busca establecer las responsabilidades individuales y determinar el alcance de las presuntas maniobras investigadas.

El análisis de la documentación trasladada este jueves será clave para reconstruir operaciones, verificar registros y contrastar información financiera y patrimonial. Por el momento, las pericias continúan bajo reserva judicial.

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